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El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó a la Oficina Anticorrupción la versión más reciente de la declaración jurada del diputado bonaerense Francisco Adorni, en el marco de una investigación por posible enriquecimiento ilícito. La diligencia busca aclarar si hubo incrementos patrimoniales inexplicados desde que Adorni asumió funciones en el Ejecutivo nacional a fines de 2023.
La petición de Marijuan se sumó a una batería de medidas procesales destinadas a reconstruir la evolución financiera del legislador tras su paso por la administración pública. El expediente, que tramita en Comodoro Py, se inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Cambios en las declaraciones
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La documentación entregada a la Oficina Anticorrupción muestra rectificaciones sucesivas en las declaraciones juradas de Adorni. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
- Revaluación del 50% de una vivienda en City Bell: la cifra consignada en la última rectificación bajó a $52,6 millones, frente a los $67,5 millones informados en una corrección anterior.
- Incorporación de cinco cajas de ahorro con un saldo conjunto declarado de $2 millones.
- Registro de una herencia por $21 millones en presentaciones previas.
- Variaciones en los montos de deuda reportados: ajustes que modificaron el cálculo del desendeudamiento y, en la versión final, mostraron un aumento neto de obligaciones.
- Alteraciones en bienes registrados: salida de una camioneta Chery Tiggo y la declaración del 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones.
En una de sus presentaciones ante la Justicia, Adorni explicó un aumento patrimonial equivalente a unos U$S 513.000, vinculado en parte a operaciones con criptomonedas y otras rectificaciones formales, según consta en el expediente.
Pruebas y alcances de la investigación
Hace semanas, el juez federal Sebastián Casanello, a pedido de la fiscalía, autorizó una serie de diligencias para reunir documentación sobre los cargos que ocupó Adorni desde 2023, sus nombramientos y las remuneraciones percibidas.
También se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario, lo que permitió acceder a movimientos financieros y tributarios. La fiscalía remitió pedidos de información a más de 30 organismos públicos para contrastar los datos declarados.
- Solicitudes dirigidas a: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
- Requerimientos al Banco Central (BCRA) sobre cuentas, transferencias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad.
- Pedidos a Migraciones para conocer viajes al exterior, destinos y acompañantes en traslados terrestres.
- Petición de antecedentes y documentación al Ministerio de Defensa relacionada con sus tareas en la Unidad de Auditoría Interna y otros cargos.
Los oficios incluyen solicitudes de declaraciones juradas, historiales salariales, registros tributarios, movimientos bancarios y documentación vinculada a actos administrativos que respaldan sus nombramientos.
Contexto político y estado procesal
Francisco Adorni integró la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Luego encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados provincial.
El expediente que investiga a Adorni se tramita por separado de la causa que tiene como imputado a su hermano, Manuel Adorni. No obstante, en ambos procesos los investigadores analizan declaraciones juradas y movimientos patrimoniales vinculados a personas del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Por ahora no se formuló una acusación formal; la pesquisa sigue recabando pruebas para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y, en su caso, establecer responsabilidades penales o administrativas.
Qué implica esto para la ciudadanía
La solicitud reciente de la Oficina Anticorrupción y las diligencias ordenadas por la Justicia afectan directamente la transparencia en la gestión pública. Para la sociedad, la investigación busca comprobar si los recursos y declaraciones de un funcionario coinciden con sus ingresos y actos formales desde que entró al Estado.
El caso podría derivar en sanciones administrativas o incluso penales si se confirman irregularidades. Mientras tanto, el expediente continuará sumando pruebas y comparaciones entre la información oficial y los registros obtenidos por las autoridades.
La causa permanece abierta y las próximas semanas serán clave para definir si los elementos reunidos bastan para avanzar hacia una imputación o si la investigación se cerrará sin cargos.
