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La superposición de reglas, la debilidad institucional y la corrupción no son solo conceptos académicos: determinan hoy qué proyectos prosperan y cuáles se marchitan en trámites. Un debate planteado hace años por Alfredo Canavese sobre cómo se asignan los derechos de propiedad sigue ofreciendo claves prácticas para entender por qué emprender puede ser tan difícil en muchos países, desde la Argentina hasta Europa.
Canavese retomó ideas centrales de la teoría económica para explicar dos fallas opuestas en la asignación de recursos: una que provoca sobreexplotación y otra que termina paralizando iniciativas por exceso de exclusión. Esa distinción, aunque técnica, define señales claras sobre incentivos, costos ocultos y riesgos institucionales.
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Dos fallas, una misma consecuencia: menor bienestar
La primera falla, conocida como la tragedia de los comunes, aparece cuando nadie puede impedir el acceso a un recurso y su uso se intensifica hasta degradarlo. La segunda, menos citada pero igualmente relevante, es la tragedia de los anticomunes: cuando demasiados agentes ostentan derechos de exclusión y el resultado es la subutilización del recurso.
Para entenderlo en términos cotidianos: un bien puede quedar sobreexplotado si su gobernanza es laxa, o desperdiciarse porque nadie logra coordinar permisos, autorizaciones y responsabilidades. En ambos casos pierde la sociedad, aunque por razones distintas.
El economista estadounidense William Niskanen —con formación en Chicago, experiencia en la industria privada y acción pública— acuñó marcos analíticos útiles para pensar estas tensiones. Niskanen destacó que las instituciones y las presiones competitivas moldean hasta qué punto la acción estatal se aproxima a los resultados del mercado; y propuso modelos para analizar cómo la burocracia se comporta cuando distintos incentivos chocan entre sí.
Qué enseñan los clásicos, y qué añade la práctica
Paul Samuelson puso sobre la mesa la distinción entre bienes privados y bienes públicos: lo que uno consume excluye al otro (una barra de chocolate), y lo que se comparte no impide su uso simultáneo (la luz de un faro). Pero la historia económica muestra excepciones: Ronald Coase recordó que servicios públicos a menudo fueron provistos por privados que encontraron la forma de cobrar por ellos.
Y Elinor Ostrom, con evidencia empírica, demostró que comunidades autoorganizadas pueden gobernar recursos colectivos sin recurrir necesariamente al Estado o al mercado puro. Su trabajo relativiza los extremos teóricos y ofrece soluciones prácticas de manejo local.
Así, la lección no es doctrinaria: no se trata de elegir siempre más mercado o más Estado, sino de diseñar instituciones que reduzcan tanto la sobreexplotación como la parálisis por exceso de exclusión.
Impacto sobre emprendedores y administración pública
La tragedia de los anticomunes suele traducirse en una pesada carga administrativa: múltiples niveles de gobierno, permisos superpuestos, regulaciones inconsistentes y, en ocasiones, espacios para la corrupción. El emprendedor termina invirtiendo tiempo y energía en trámites en vez de en producto, clientes o innovación.
En algunos casos privados y sectoriales —como ciertos desarrollos petroleros— las empresas terminan coordinando inversiones que en teoría corresponderían al sector público, internalizando externalidades para poder avanzar. En otros, la maraña regulatoria frena proyectos prometedores.
- Para emprendedores: costos de oportunidad altos, retrasos y riesgo regulatorio.
- Para el Estado: pérdida de eficiencia y mayor exposición a prácticas corruptas si las normas no son claras.
- Para la sociedad: recursos mal aprovechados, menor inversión y servicios públicos insuficientes.
Un ejemplo reciente que ilustra la tensión: desde fines de 2023 en la Argentina se impulsaron cambios regulatorios de calado que buscan simplificar procesos, pero esas mismas medidas pueden generar resistencias y debates sobre equilibrio entre control y libertad para innovar.
¿Qué implican estas ideas para políticas concretas?
No existe una receta única, pero el diagnóstico orienta prioridades: aclarar y asignar derechos, reducir solapamientos jurisdiccionales, facilitar mecanismos de coordinación entre actores públicos y privados, y fortalecer procesos de rendición de cuentas para limitar la corrupción.
En muchos casos las soluciones más efectivas no provienen de un solo actor. Asociaciones locales, acuerdos sectoriales y reformas administrativas pueden intervenir antes que políticas de amplio alcance, especialmente donde la capacidad estatal es limitada.
Reconocer la diferencia entre sobreuso y subutilización ayuda a calibrar las reformas: eliminar barreras innecesarias sin dejar desprotegidos bienes colectivos; promover competencia en la provisión de servicios públicos cuando sea posible y, al mismo tiempo, crear incentivos para que actores privados internalicen costos externos.
En definitiva, el debate que planteó Canavese —y que retomaron pensadores como Niskanen, Coase y Ostrom desde distintas perspectivas— sigue vigente porque define una pregunta central: ¿cómo organizar derechos y reglas para que los recursos se usen mejor hoy, sin hipotecar el futuro?
