Hoy se cumple un paro nacional de 24 horas convocado por los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas tras el rechazo unánime a la última oferta salarial del Ejecutivo. La medida vuelve a poner en vilo el normal funcionamiento académico y reaviva el debate sobre la aplicación de la Ley 27.795 y la recuperación de los salarios docentes.
La oferta oficial consistió en un aumento del 3% sobre los haberes de septiembre, que se sumó al 3% acordado en junio para octubre, lo que el Gobierno presenta como un avance bimestral del 6%. Para las federaciones y las asociaciones gremiales esa propuesta está lejos de compensar el deterioro acumulado: las estimaciones sindicales sitúan el atraso salarial entre un 25% y un 35%.
En la reunión paritaria, liderada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, estuvieron representadas las principales conducciones gremiales y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. Tras el encuentro, las organizaciones decidieron mantener la huelga prevista para hoy y exigir un marco de negociación que contemple no solo ajustes salariales sino el cumplimiento efectivo de la normativa presupuestaria para las universidades.
Incentivos globales para emprendedores: apoyo financiero, rebajas fiscales y acceso a clientes
AMIA: ocho acusados formalmente ligados al atentado
Qué piden los sindicatos y qué ofreció el Ejecutivo
- Reclamo sindical: apertura de una recomposición salarial que recupere poder adquisitivo y ejecución plena de los compromisos de la Ley 27.795, respaldada además por fallos en instancias judiciales.
- Propuesta gubernamental: 3% sobre sueldos de septiembre más 3% ya pactado para octubre (6% bimestral), que el Ministerio de Capital Humano describe como el máximo esfuerzo fiscal posible.
- Sindicatos presentes: Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, junto a la representación del CIN.
- Magnitud del atraso: sindicatos estiman entre un 25% y un 35% de pérdida salarial acumulada.
Desde las filas gremiales, dirigentes como Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba, denunciaron que la negociación careció de porosidad y llamó a retomar un diálogo genuino que atienda las resoluciones judiciales pendientes. Advirtieron además que, aunque el paro tendrá alta adhesión, muchas sedes se mantendrán abiertas para trámites administrativos y actividades no presenciales.
Postura oficial
El Ministerio de Capital Humano defendió el paquete ofrecido y lo presentó como una restricción impuesta por el techo presupuestario del Estado, al tiempo que pidió a las organizaciones gremiales priorizar la continuidad pedagógica. La cartera insistió en la necesidad de canalizar el conflicto por vías institucionales y pidió que se garantice el dictado de clases en la medida de lo posible.
El Gobierno formalizó además una nueva convocatoria paritaria para el próximo jueves 17 de septiembre con el objetivo de reanudar el diálogo técnico. Hasta ahora, las centrales docentes no confirmaron su asistencia y mantienen la protesta, lo que prolonga la incertidumbre sobre el calendario académico durante las próximas semanas.
Las posibles consecuencias inmediatas: interrupciones parciales de materias teóricas y prácticas, demoras en trámites estudiantiles y presión sobre los equipos de investigación que dependen del normal funcionamiento institucional. A mediano plazo, el conflicto tensiona la discusión presupuestaria y la implementación de la financiación universitaria tal como la exigen los representantes del sector.
En el horizonte próximo, la negociación determinará si se logra un acuerdo que modere el paro o si las medidas de fuerza se profundizan, con impacto directo en estudiantes, personal universitario y la operación cotidiana de las instituciones públicas de educación superior.
