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La Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán volvió a exigir al Gobierno municipal de San Miguel de Tucumán que aplique sin excepciones la normativa que regula a las aplicaciones de transporte. El reclamo, presentado por el titular sindical Julio Rodríguez, pide acciones inmediatas ante lo que considera incumplimientos de plazos y la posibilidad de que se otorguen prórrogas no previstas.
Rodríguez pidió formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal —encabezado por la intendenta Rossana Chahla— que se abstenga de conceder flexibilizaciones a las plataformas y que active los mecanismos sancionadores previstos en la ordenanza.
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La disputa gira en torno a la aplicación de la ordenanza sancionada en febrero para regular servicios como Uber, Didi y Cabify. Según la normativa aprobada, las plataformas tenían 90 días corridos para inscribirse en el registro municipal y los conductores, 120 días para actualizar su documentación. Esos plazos expiraron meses atrás, y la federación advierte que la falta de controles favorece la competencia desleal y pone en riesgo a usuarios y empleos locales.
Ante la demora en la implementación, Rodríguez presentó una impugnación administrativa y solicitó que comiencen de inmediato los operativos previstos, que incluyen sanciones administrativas, multas y el secuestro de vehículos en caso de reincidencia.
Medidas solicitadas al municipio
- Suspensión de cualquier prórroga o excepción a los plazos establecidos por la ordenanza.
- Inicio inmediato de controles de documentación y habilitaciones a conductores y plataformas.
- Aplicación de sanciones —multas y secuestros— según lo previsto en la normativa.
- Transparencia sobre el estado del registro municipal y los listados de vehículos habilitados.
La gravedad del reclamo se complementa con denuncias internas: en las últimas semanas se filtró otra investigación sobre taxímetros adulterados, que habría alcanzado a más de 70 conductores por cobros excesivos. Ese episodio suma presión sobre el municipio para dar respuestas claras y rápidas.
| Aspecto | Plazo fijado | Acción prevista |
|---|---|---|
| Registro de plataformas | 90 días desde la reglamentación (vencimiento en mayo) | Inscripción en el registro municipal |
| Documentación de conductores | 120 días desde la reglamentación | Adecuación a requisitos y controles |
| Sanciones | Inmediatas si se confirma incumplimiento | Multas, operativos y secuestro de vehículos |
Consecuencias prácticas para usuarios y conductores
Si el municipio no procede con los controles, los riesgos son múltiples: tarifas irregulares para usuarios, erosión de la actividad del taxi tradicional y la proliferación de vehículos que operan sin garantías legales ni de seguridad. Para los conductores habilitados, la falta de aplicación normativa también representa competencia desleal y pérdida de ingresos.
Desde el ámbito municipal aún no se conoció una respuesta formal al último planteo administrativo. La próxima semana podría ser clave: la federación anunció que hará un seguimiento estricto y evaluará nuevas medidas si no se verifica la aplicación de la ordenanza.
En síntesis: el conflicto enfrenta al sector del taxi con la gestión local y las plataformas por el cumplimiento de plazos y controles. De cómo responda la Municipalidad dependerá en buena medida la regulación efectiva del transporte por aplicaciones y la protección del usuario en San Miguel de Tucumán.
