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El entrenador de Banfield presentó ante la Fiscalía una batería de pruebas y pidió la detención del principal administrador de la desarrolladora que, según la denuncia, dejó a más de un centenar de inversores sin las viviendas y rendimientos prometidos. La causa, que suma víctimas por decenas de millones de dólares, se orienta ahora a determinar si hubo coordinación, lavado de dinero y riesgo de entorpecimiento en la investigación.
La acción judicial fue formulada por el letrado que representa al exmundialista y dirigente futbolístico, quien insiste en que numerosos afectados perdieron ahorros significativos tras invertir en proyectos de la empresa.
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Qué pidió la parte querellante
En un escrito dirigido a la Fiscalía N° 3 de La Plata, la defensa solicitó que el fiscal eleve al juez un pedido formal de detención contra Diego Lacki, señalado como administrador central de la firma investigada. Además, reclamó que otras dos personas vinculadas a la sociedad —Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque— sean citadas como imputadas por varios delitos.
- Solicitudes principales: detención de Lacki; imputación de Núñez y Eulloque.
- Presuntos delitos: administración fraudulenta, conformación de asociación ilícita y lavado de activos.
- Riesgo alegado: presunta maniobra para desviar denuncias a juzgados con “conocidos” y posible instrucción a testigos, según el escrito.
Pruebas entregadas: audios y movimientos bancarios
La querella incorporó 66 mensajes de voz de WhatsApp y comprobantes de transferencias, entre ellos una orden internacional por 35.000 dólares dirigida a una sociedad registrada en Miami. Esos registros, según la presentación, demostrarían la participación directa de los administradores en la operatoria.
En las grabaciones el acusado reconoce su rol en la promoción y gestión de los emprendimientos, y describe detalles del esquema comercial que, según la denuncia, se ofrecía a inversores particulares.
Cómo funcionaba la oferta según las conversaciones
Los audios muestran intercambios con un intermediario que acercó inversores al proyecto. En ellos se hablan de “atenciones especiales” para quienes recomendasen compradores y de condiciones mínimas para las transferencias. También aparecen promesas de entrega y de una supuesta “renta garantizada” para compensar eventuales demoras en la obra.
Un ejemplo que figura en la transcripción indica que, si la construcción no finalizaba a los 18 meses, a partir del mes 19 se activaría un pago equivalente al alquiler del inmueble. Esa fórmula aparece en el escrito como elemento de persuasión frente a potenciales inversores.
La querella remarca además el origen y destino de fondos: parte de lo recaudado, sostienen, fue remitido a una cuenta bancaria de tipo checking a nombre de Kali Estate LLC, con sede en Miami, lo que motivó la petición de ampliar la investigación por posible lavado.
Contexto: inversores, montos y cambios en la empresa
El conflicto comenzó cuando quienes habían comprado departamentos en pozo no recibieron las unidades ni las rentas comprometidas. El denunciante principal, según el expediente, invirtió cifras superiores a los 150.000 dólares en varios proyectos de la desarrolladora.
Fuentes del expediente estiman que la cantidad de damnificados ronda entre 150 y 160 personas, con un impacto económico total cercano a los 20 millones de dólares. Entre los denunciantes figuran también inversores institucionales que sumaron aportes millonarios a distintos emprendimientos.
A fines de 2025 la sociedad pasó a manos de otra empresa del sector, en un contexto en que ya pesaban distintos procesos judiciales sobre la desarrolladora original.
Qué se espera ahora
El abogado de la víctima principal sostuvo que la investigación necesita mayor intensidad y que existen indicios suficientes para evitar que el principal imputado pueda obstaculizar el proceso o intentar fugarse. El fiscal a cargo deberá evaluar la gravedad de las pruebas y decidir si eleva el pedido al juez.
El avance del expediente tendrá consecuencias prácticas: de confirmarse las imputaciones, podrían agravarse las medidas cautelares sobre bienes y cuentas vinculadas a la operatoria y abrirse líneas de cooperación internacional para rastrear transferencias al exterior.
- Posibles efectos para los inversores: reactivación de medidas cautelares, mayor accesibilidad a información sobre cuentas y activos, y potencial clasificación de operaciones como lavado de activos.
- Para la investigación: nueva pericia sobre las grabaciones y documentación bancaria; citación de testigos y ampliación de imputaciones.
La causa sigue bajo instrucción, con numerosos expedientes conexos en tribunales de la capital bonaerense. Los plazos procesales marcarán los próximos pasos: detenciones, indagatorias y eventual profundización de las pesquisas sobre el destino de los fondos.
