El organismo regulador autorizó esta semana que el embalse de El Cadillal recupere su **cota máxima** tras más de tres años operando a un nivel reducido por fisuras detectadas en una presa lateral. La decisión cambia el escenario técnico y legal: devuelve capacidad al dique, pero mantiene abierta la vigilancia y un reclamo judicial millonario contra la concesionaria.
La nota enviada por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) a la concesionaria Hidroeléctrica Tucumán SA fue firmada la semana pasada por su presidente, Adriano Borus. El Orsep, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios del Ministerio de Economía de la Nación, tiene facultades para evaluar y supervisar la seguridad estructural de las presas de jurisdicción nacional.
El documento responde a un informe técnico —denominado “Evaluación de Parámetros de Comportamiento de Presa Lateral N° 3”, de abril— y a los aportes de una consultoría independiente. Según ese análisis, el comportamiento de la estructura era considerado aceptable al nivel de embalse vigente (cota 606,50 msnm) y las inyecciones realizadas habían mejorado la estanqueidad, por lo que se avaló elevar la cota a 607,50 msnm.
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Un aumento de apenas un metro puede parecer menor, pero, por la extensión del espejo de agua, implica un ingreso significativo de volumen al embalse. Por eso la disposición del Orsep obliga a mantener “supervisión permanente de la evolución de los parámetros de control” y a reportar de manera inmediata cualquier variación que requiera —si corresponde— volver al nivel anterior.
Lo técnico y lo institucional
El aval del organismo no equivale a un cierre administrativo de la controversia. Ahora la Casa de Gobierno y el gobernador Osvaldo Jaldo deberán confirmar si consideran concluidas las obras ejecutadas por la provincia.
Políticamente, la cuestión tuvo repercusiones: la oposición cuestionó desde la supuesta falta de mantenimiento del dique “Celestino Gelsi” hasta la forma y alcance de los trabajos, autorizados por un decreto de necesidad y urgencia firmado por Jaldo cuando ejercía funciones ejecutivas en enero de 2023.
En lo judicial, el Ejecutivo provincial exige a la concesionaria la devolución de los fondos que destinó a las reparaciones. La demanda se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Reguera, y fue ampliada por la Fiscalía de Estado, conducida por Gilda Pedicone. Según la presentación oficial, hasta diciembre de 2025 las erogaciones alcanzaron cerca de 15.300 millones de pesos.
Los trabajos se adjudicaron por contratación directa —tras cotejo de precios— a una unión transitoria integrada por Mercovial SA y Sabavisa SA. El presupuesto original, en torno a los 690 millones de pesos, se fue incrementando con sucesivas etapas y ampliaciones vinculadas a los informes técnicos. La concesión del dique concluye, según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año.
- Agua para consumo: Reponer la cota resta presión sobre el suministro en zonas urbanas y rurales.
- Agricultura: Más volumen puede beneficiar riegos, pero depende del manejo y del control estricto.
- Riesgo estructural: La autorización condiciona la operación a monitoreo continuo; cualquier deterioro obligaría a reducir el nivel.
- Impacto económico: El resultado del juicio determinará quién asume el costo final de las obras.
- Contrato de concesión: Su vencimiento cercano podría redefinir responsabilidades y futuros contratos.
La decisión del Orsep desbloquea la posibilidad de operar el embalse a plena cota, pero no cierra el capítulo de responsabilidades ni elimina la necesidad de vigilancia técnica permanente. En los próximos días se espera la confirmación formal del Ejecutivo provincial y, a medio plazo, el avance del litigio determinará si la provincia recupera los gastos que atribuye a la concesionaria, que rechaza la demanda.
