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Un juzgado federal de Tucumán frenó la desregulación de las cuotas de las obras sociales privadas que había impulsado el Gobierno mediante un decreto, al considerar que faltaron razones extraordinarias para saltarse al Congreso. La decisión protege, al menos de forma provisional, a una jubilada cuya familia sufrió un aumento dramático de la cobertura y abre una vía para que la Superintendencia controle futuros incrementos.
Qué resolvió el tribunal
El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, declaró inconstitucionales e inaplicables, para el caso concreto, los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. La medida surge de un amparo presentado por una afiliada contra OSDE y ordena que la prestadora no puede aumentar la cuota del plan sin la previa fiscalización y autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.
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El cambio normativo en disputa
Hasta la reforma, la Ley 26.682 obligaba a la autoridad de aplicación a autorizar subas y a verificar su razonabilidad en función de costos y cálculos actuariales. El decreto presidencial eliminó esa obligación y modificó el control sobre los incrementos, permitiendo que las empresas fijaran sus tarifas con mayor libertad en nombre de «liberar restricciones de precios».
El juez sostuvo que esa sustitución del esquema legal, hecha por DNU, no estuvo debidamente justificada como una medida excepcional que imposibilitara el trámite legislativo ordinario.
Por qué el DNU no convenció a la justicia
En la sentencia, el magistrado valoró dos ejes: la ausencia de una motivación técnica y la carencia de una urgencia que impidiera la intervención del Congreso. Según el fallo, el Ejecutivo no acreditó que el Parlamento no pudiera sesionar ni probó que la demora en sancionar una ley provocaría un perjuicio irreparable al sistema sanitario.
El tribunal también consideró que no hubo explicaciones suficientes sobre por qué la tutela estatal temporal —mantener el control previo de aumentos— hubiera ocasionado un colapso inmediato del sistema de salud.
Impacto en una familia y criterio de protección
El caso que motivó el amparo muestra el efecto tangible de la desregulación: la afiliada, jubilada, convive con su marido, que padece una discapacidad motriz grave. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 la cuota de su cobertura ascendió de $120.725 a $262.888, un incremento acumulado cercano al 86%.
Con ingresos previsionales conjuntos que rondaban los $564.000, la cobertura pasó a absorber casi la mitad de los recursos familiares, según la resolución. El tribunal aplicó estándares de protección a personas mayores y con discapacidad y consideró que el derecho a la salud prima sobre una concepción puramente comercial del servicio.
- Medida concreta: OSDE no podrá aplicar el aumento reclamado a la parte actora hasta que la Superintendencia audite y autorice.
- Ámbito de la decisión: la inconstitucionalidad fue declarada para el caso puntual, aunque la sentencia remite a precedentes federales.
- Fundamento jurídico: falta de justificación excepcional exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución para dictar normas con rango de ley vía DNU.
Contexto judicial más amplio y próximas instancias
La resolución se inscribe en una serie de fallos federales que habían rechazado la aplicación indiscriminada de la desregulación en distintas jurisdicciones. La propia sentencia cita la decisión de la Sala II de la Cámara Federal en la causa «Cainelli c/ OMINT» y alude a otros juzgados que limitaron aumentos o los ataron al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Desde OSDE, su apoderado Martín Gonzalo Álves adelantó que presentarán apelación y que, en su criterio, la vía del amparo no era la adecuada. La empresa sostiene que la medida afecta derechos de propiedad y que la disputa debería tramitarse en un proceso colectivo y, eventualmente, ante la Corte.
Qué puede esperar el afiliado común
En lo inmediato, los afiliados en situaciones similares podrían invocar esta línea jurisprudencial para frenar aumentos hasta que la Superintendencia revise la razonabilidad de las subas. A mediano plazo, la resolución obliga a que cualquier modificación del régimen se tramite por la vía legislativa o cuente con argumentos técnicos y temporales muy concretos para justificar un DNU.
La sentencia no cierra el debate: deja abierta la vía de apelación y sitúa a la Superintendencia como actor clave en la supervisión del mercado de prepagas. Para millones de usuarios, la decisión pone énfasis en la necesidad de equilibrar la estabilidad del sistema con la protección de los más vulnerables.
