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Argentina llevará a Hamburgo, los días 10 y 11 de noviembre, su pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordene medidas provisionales contra el proyecto petrolero conocido como Sea Lion. La audiencia puede frenar actividades que, según el reclamo oficial, pondrían en riesgo recursos marinos y decisiones futuras en la Cuenca Malvinas Norte.
La intervención llega en un momento clave: las compañías promotoras planean comenzar perforaciones de desarrollo hacia 2027 y potencialmente iniciar producción comercial en 2028, por lo que la resolución sobre medidas cautelares tendría efectos prácticos inmediatos.
Quiénes integran la representación y cómo se organiza
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El gobierno definió a su equipo legal y diplomático, aunque la nómina definitiva de participantes en Hamburgo aún no se hizo pública. Ya se oficializó la designación del embajador Mario Oyarzábal como agente del Estado y de la embajadora Betina Pasquali de Fonseca como coagente ante el tribunal.
Oyarzábal, responsable de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, fue uno de los principales redactores del reclamo y figura como probable orador en las audiencias. Su presencia en Alemania no está confirmada de forma definitiva.
También está prevista la posible participación de la Secretaría Legal y Técnica y de la Procuración del Tesoro —lideradas, respectivamente, por María Ibarzábal y Sebastián Amerio—, que colaboraron en la preparación del expediente. Según fuentes consultadas por TN, la Procuración todavía no resolvió si enviará a sus máximos responsables y el Ejecutivo apuesta a que los equipos técnicos que trabajaron la demanda sean suficientes para la defensa.
El Estado argentino comunicó además que no contrató despachos jurídicos alemanes ni firmas internacionales externas para el litigio; la estrategia se apoyará en agentes y profesionales del propio Estado.
Qué solicita Argentina ante el tribunal
En su presentación del 13 de octubre, la Argentina pidió al Tribunal medidas cautelares para evitar que el desarrollo hidrocarburífero avance mientras se resuelve el fondo del conflicto. El objetivo es contener impactos ambientales y proteger derechos sobre los recursos.
- Impedir que el Reino Unido autorice el inicio o la continuación de actividades de explotación relacionadas con Sea Lion.
- Restringir el uso de información obtenida en campañas de exploración que pueda perjudicar los derechos argentinos.
- Adoptar medidas para la protección del medio marino en la zona afectada.
- Evitar nuevas decisiones administrativas (como la entrega de licencias) que puedan agravar la controversia.
Alcance jurídico y límites del reclamo
Uno de los puntos centrales en disputa será la competencia del propio tribunal. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tiene mecanismos para dirimir controversias sobre interpretación y aplicación del tratado, pero no atribuye competencias generales para resolver cuestiones de soberanía territorial.
Por eso la estrategia argentina evita pedir un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas y se concentra en sostener derechos sobre los recursos marítimos y obligaciones ambientales que, a su juicio, el Reino Unido debería respetar.
Fechas, formato y seguimiento de las audiencias
El cronograma oficial del Tribunal establece dos jornadas públicas de exposiciones en Hamburgo:
- Martes 10 de noviembre: intervención argentina entre las 10:00 y las 13:00 (hora de Hamburgo); respuesta del Reino Unido entre las 15:00 y las 18:00.
- Miércoles 11 de noviembre: segunda presentación argentina de 10:30 a 12:00; última réplica británica prevista entre las 17:30 y las 19:00.
Las sesiones podrán seguirse en directo desde la web del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Tras las audiencias, los magistrados evaluarán si existen bases jurídicas y urgencia suficientes para dictar medidas provisionales mientras se conforma el tribunal arbitral que decidirá el fondo del asunto.
Es importante recordar que la celebración de estas audiencias no implica una decisión sobre el fondo del conflicto: los jueces resolverán únicamente si procede o no imponer cautelares en esta etapa inicial.
La conformación final de la delegación dependerá además de la agenda institucional del Ejecutivo: las audiencias coinciden con los últimos días de la visita del papa León XIV a la Argentina (8-11 de noviembre), periodo en el que el presidente Javier Milei tiene actos oficiales programados en Buenos Aires.
