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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentó al Ministerio de Economía un pedido para flexibilizar el plan de regularización de deudas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto de creciente morosidad en el sector industrial. La carta, enviada el 6 de noviembre, reclama cambios concretos que podrían afectar la liquidez de miles de micro, pequeñas y medianas empresas si el Gobierno acepta las medidas.
El esquema vigente, establecido por la Resolución General 5924/2026, permite fraccionar obligaciones fiscales vencidas —incluidas cargas impositivas, de seguridad social y aduaneras— en hasta 18 cuotas, con un pago inicial del 5% y una tasa de financiación de 2,75% mensual para deudas vencidas al 31 de octubre de 2026. La CAME advierte que esos requisitos dificultan el acceso de las pymes más golpeadas por la caída de la actividad.
Qué pidió CAME y por qué
En una nota firmada por el presidente Ricardo Diab y la secretaria general Beatriz Tourn, la CAME agradeció la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y embargos y pidió que el plan sea ajustado para ser realmente efectivo frente a la falta de liquidez que atraviesan numerosas empresas.
CAME busca que Caputo flexibilice el plan de pagos de ARCA
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- Eliminar el anticipo del 5%: la confederación sostiene que ese requisito actúa como una barrera para compañías con caja reducida y que, además, genera costos adicionales al tramitar el levantamiento de embargos.
- Extender el plazo a 48 cuotas: plantea que las 18 cuotas actuales resultan insuficientes para refinanciar el alto stock de deuda y proponen un horizonte de hasta 48 meses para ajustar los pagos a la capacidad real de pago de las pymes.
- Orientarlo a beneficiarios con Certificado MiPyME vigente: la solicitud apunta directamente a empresas registradas como micro, pequeñas y medianas para focalizar el alivio en los más vulnerables.
La CAME describe la situación como una “delicada situación económica” del entramado productivo y reclama que las herramientas de regularización fiscal se adapten a esa realidad para evitar que la falta de condiciones accesibles comprometa la actividad empresarial.
Impactos y dudas por delante
Si el Ministerio de Economía aceptara los cambios, las pymes conseguirían mayor margen para normalizar compromisos sin afrontar desembolsos iniciales que hoy consideran imposibles. A corto plazo, esto puede traducirse en menos cierres y en conservación de empleo en sectores con tensiones de liquidez.
No obstante, la ampliación del plazo de cobro implicaría también un calendario de recupero más prolongado para la administración tributaria y podría elevar la complejidad técnica para calcular intereses y multas en acuerdos a largo plazo. Hasta ahora no se informó una respuesta oficial por parte del despacho de Luis Caputo.
La propuesta abre además un debate sobre equilibrio fiscal y apoyo a empresas: cómo compatibilizar la necesidad de recaudar con la urgencia de sostener la actividad productiva sin generar ventajas asimétricas entre contribuyentes.
Qué sigue
La iniciativa de la CAME marca un punto de presión sobre el Gobierno en un momento de aumento de la morosidad en la industria durante 2026. Cualquier modificación al régimen actual requerirá una decisión administrativa —posiblemente una nueva resolución— y negociaciones técnicas entre la Agencia y los representantes del sector.
En los próximos días será clave observar si desde el Palacio de Hacienda responden la nota, si se propone algún cambio intermedio (por ejemplo, alivios temporales o condicionales) o si se mantienen las condiciones vigentes mientras se monitorea la evolución de la cartera vencida.
