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El oficialismo consiguió este miércoles un dictamen de mayoría para Inocencia Fiscal II, la segunda gran reforma tributaria impulsada por el gobierno de Javier Milei. El avance deja el proyecto listo para pasar al recinto y plantea cambios concretos en cómo se declara y controla el impuesto a las ganancias, con implicaciones directas para funcionarios públicos y el control contra el lavado.
El dictamen fue aprobado en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, tras la intervención de funcionarios y especialistas tributarios, y reunió 44 firmas —una con disidencia—, según consignó el diario Ámbito.
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Qué cambió para los funcionarios
Para lograr el respaldo de sus aliados, el oficialismo modificó el texto y habilitó que quienes hayan prestado servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado durante los últimos cinco años puedan usar el Régimen Simplificado de Ganancias como vía administrativa. No obstante, la reforma limita este acceso: esos beneficiarios no podrán aprovechar las presunciones de inocencia fiscal ni los mecanismos que facilitan la exteriorización de activos no declarados.
En la práctica, el régimen podrá funcionar como un instrumento operativo para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto adeudado, pero no otorgará inmunidades frente a fiscalizaciones ni la presunción de exactitud que protege a otros adherentes.
Reacciones y debate en comisión
El titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, aseguró durante el plenario que la reforma no compromete los mecanismos de prevención del lavado de activos ni la lucha contra la financiación del terrorismo.
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz criticó el cambio y recordó declaraciones previas en las que se descartaba sembrar dudas sobre personas políticamente expuestas. Según la sesión, las respuestas a consultas puntuales de Álvarez y de Benegas Lynch no se produjeron; un pedido para leer el artículo modificado quedó sin tratamiento y la sesión terminó anticipadamente.
Principales novedades del proyecto
- Eliminación de topes: se suprimen los límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen simplificado.
- Quiénes pueden adherir: serán admisibles las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes que cumplan con la condición de residencia fiscal durante el período objeto de la declaración simplificada.
- Nuevo umbral de discrepancia: se mantiene como criterio una variación del 15% respecto de lo declarado para activar fiscalizaciones, pero se incorpora además un piso mínimo absoluto para evitar que ajustes pequeños en valor efectivo deriven en fiscalizaciones.
- Presunción en IVA: se clarifica el alcance de la presunción de exactitud para el IVA, indicando cuáles períodos no se consideran prescriptos y dejando excepciones cuando se detecten facturas apócrifas o ingresos indebidamente computados.
Según la propuesta, aunque el porcentaje de variación alcance el 15%, ese criterio no surtirá efecto si la diferencia no supera un umbral mínimo —en la práctica, alrededor de $5 millones—, con lo cual se evita que variaciones de escasa magnitud absoluta pierdan el beneficio.
Plazo y próximos pasos
Con el dictamen mayoritario, el proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. La presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, tiene prevista una sesión para el miércoles 26 de agosto en la que intenta debatir esta iniciativa junto con el dictamen sobre cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.
Ese otro proyecto busca, entre otras cosas, centrar el mandato del organismo en la preservación del valor de la moneda y limitar la posibilidad de financiamiento del déficit por parte del Banco Central.
Por qué importa ahora
La reforma modifica reglas que definen quién puede acogerse a procedimientos simplificados y cuáles son los márgenes de control fiscal: esto afecta tanto a contribuyentes particulares como a la transparencia sobre activos vinculados a servidores públicos. Además, al incluir matices técnicos sobre umbrales y presunciones, la iniciativa redefine las herramientas de la Administración Federal para detectar inconsistencias y posibles fraudes.
Si el proyecto avanza en el recinto, los cambios tendrán impacto inmediato en la práctica tributaria y en la fiscalización de declaraciones simplificadas, así como en las discusiones sobre controles prudenciales y prevención del lavado.
