Quedan pocas semanas para que venza el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y el Gobierno aún no logró que el Congreso trate las modificaciones prometidas: eso explica por qué muchos contribuyentes siguen dudando antes de acercar los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. La decisión tendrá impacto directo sobre quiénes pueden regularizar fondos sin riesgo inmediato de fiscalizaciones y sobre la confianza para blanquear activos antes de las elecciones.
La iniciativa, pensada para ofrecer un «tapón fiscal» que facilite la incorporación de divisas no declaradas, suma ya más de 100.000 inscripciones según fuentes cercanas al tema, pero conserva puntos críticos sin resolver. El Ejecutivo amplió el plazo de inscripción hasta el 27 de julio, mientras busca corregir agujeros técnicos que limitan la adhesión.
Entre los obstáculos figura la inquietud de contribuyentes con operaciones en el exterior o ingresos atípicos: la falta de claridad sobre cómo se medirían las discrepancias patrimoniales hace que muchos prefieran no mover sus dólares. Asesores tributarios que participaron en reuniones con el ministro de Economía describen un escenario de incertidumbre, potenciado por la polémica política que rodeó la salida de un funcionario recientemente inscripto en el régimen.
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Los principales cambios propuestos intentan ampliar la base de adherentes y brindar certezas sobre controles y sanciones. Según el proyecto que todavía debe aprobar el Congreso, estas son las modificaciones clave y sus efectos más concretos:
- Ampliación de la elegibilidad: se eliminarían los topes patrimoniales y de ingresos y la admisión se fijaría por residencia fiscal y por no ser considerado un gran contribuyente nacional.
- Ventana de corrección: si el contribuyente rectifica y paga dentro de los 15 días hábiles desde la notificación, no se considerará la situación como una “discrepancia significativa”.
- Nuevo criterio de medición: la discrepancia se calcularía sobre el impuesto determinado y ya no sobre el saldo final declarado; se mantiene el umbral del 15%, con una excepción si la diferencia no supera el 5% del parámetro que se usa para estimar la evasión simple (hoy, en torno a $5 millones).
- Plazo para exteriorizar fondos: los contribuyentes tendrían hasta el 31 de diciembre de 2027 para incorporar al circuito financiero montos no declarados sin que ello implique, de forma automática, una presunción de evasión, un ajuste retroactivo en Bienes Personales o la aplicación de multas, a diferencia del blanqueo de 2024.
Especialistas consultados sostienen que esas precisiones son decisivas para que la medida funcione. El contador Alejandro Rosenfeld afirmó que los pequeños contribuyentes ya se anotan con facilidad, pero quienes tienen operaciones en el exterior o ingresos exentos —por diferencias de cambio o venta de inmuebles— temen no contar con la seguridad jurídica necesaria.
ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero) sería la entidad encargada de detectar las discrepancias; el proyecto busca evitar que una observación automática implique la pérdida de los beneficios del régimen, siempre que el contribuyente corrija en el plazo previsto.
Otros asesores, como Fernanda Laiún y Marcelo Rodríguez, advierten que la adhesión no será masiva mientras persista la duda sobre la estabilidad normativa: algunos piden postergar la fecha de presentación de la declaración jurada hasta fines de agosto para dar mayor tiempo de análisis y facilitar la inscripción.
Desde el punto de vista práctico, estas son las preguntas que muchos contribuyentes se hacen ahora:
- ¿Puedo inscribirme aunque tenga movimientos en el exterior? — Dependerá de la residencia fiscal y de no ser grande contribuyente nacional, según la reforma propuesta.
- Si recibo un requerimiento, ¿pierdo el régimen automáticamente? — No necesariamente: la rectificación y pago en 15 días hábiles evitaría que se considere una discrepancia significativa.
- ¿Hay plazo para ingresar dólares al sistema sin castigo? — Sí: hasta el 31/12/2027, en los términos planteados por el proyecto.
Queda por definirse si el Congreso dará tratamiento urgente al texto antes de la fecha límite o si habrá una nueva prórroga. Analistas tributarios recuerdan que la proximidad del calendario electoral y la rotación de cargos en el Ejecutivo complican la previsibilidad: muchos esperan señales claras antes de mover activos.
En los próximos días será clave la agenda parlamentaria y las conversaciones entre el Gobierno y especialistas para cerrar el texto. Para el público, la decisión determinará si conviene regularizar fondos ahora con condiciones específicas y limitadas, o esperar mayor claridad legislativa sobre los alcances del régimen.










