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En una cumbre en Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos lanzó un llamado directo a los socios regionales para que se aparten de la Corte Penal Internacional, una petición que puede recalentar tensiones diplomáticas y complicar la cooperación en seguridad. La solicitud, formulada en el marco de la lucha contra el narcotráfico, plantea dilemas legales y políticos inmediatos para países como Argentina.
Durante la reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el funcionario estadounidense Pete Hegseth definió a la Corte Penal Internacional como “una amenaza” para la soberanía y pidió a los miembros del bloque que se retiren del tribunal. Sus declaraciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Donald Trump sobre política exterior y seguridad regional.
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La coalición, que agrupa a 19 países de la región, fue impulsada por la administración estadounidense para coordinar acciones contra el narcotráfico. Entre los participantes figuran Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú; en Panamá se evaluaron medidas operativas y diplomáticas para intensificar la cooperación.
Qué está en juego
El cruce entre Washington y la Corte de La Haya no es nuevo: Estados Unidos nunca aceptó la jurisdicción del tribunal, mientras que la Argentina ratificó el Estatuto de Roma a principios de este siglo. El choque adquiere mayor relevancia ahora debido a las operaciones marítimas que EE. UU. atribuye al narcotráfico y que, según agencias internacionales, han tenido consecuencias letales.
- Origen y mandato de la CPI: creada en 1998 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; más de un centenar de países la ratificaron.
- Posición de Estados Unidos: no es Estado parte y durante la administración anterior impuso sanciones a jueces y fiscales del tribunal, incluyendo prohibiciones de entrada y congelamiento de activos.
- Operaciones contra narcolanchas: desde hace casi un año EE. UU. desarrolla bombardeos marítimos en el Caribe y el Pacífico; recuentos periodísticos señalan alrededor de 215 fallecidos en unas 53 acciones.
- Preocupaciones legales: organizaciones de derechos humanos y juristas han alertado sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, hechos que podrían entrar en la jurisdicción de la CPI.
Hegseth defendió las operaciones marítimas, atribuyéndoles una reducción significativa en el tránsito de embarcaciones usadas por redes delictivas. Al mismo tiempo criticó investigaciones que, según él, pretenden extender la autoridad del tribunal sobre militares y personal aliado: “La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando…”, dijo el secretario, señalando una supuesta intromisión en la legalidad de las fuerzas armadas.
Un nuevo paso operativo: Colombia
En el mismo foro, Bogotá autorizó la participación de Estados Unidos en operaciones militares conjuntas en su territorio para combatir el tráfico de drogas. Esa decisión refuerza la dimensión operativa de la coalición, pero también introduce preguntas sobre coordinación legal y rendición de cuentas entre estados con posiciones divergentes frente a la CPI.
La Argentina, que adhirió al Estatuto de Roma hace 25 años, figura entre los países a los que se dirigió la exhortación de Hegseth. La invitación a renunciar al tribunal abrirá un debate sobre prioridades diplomáticas y sobre cómo equilibrar la cooperación contra el narcotráfico con compromisos internacionales en materia de justicia y derechos humanos.
Qué seguir
Las próximas semanas serán clave para conocer la respuesta oficial de los países de la región: ¿responderán al llamado de Washington o mantendrán su vinculación con la Corte Penal Internacional? También habrá que observar si las operaciones conjuntas contra el crimen organizado se intensifican y cómo eso influye en investigaciones internacionales sobre posibles violaciones del derecho humanitario.
En definitiva, el planteo formulado en Panamá no es solo un reclamo diplomático: puede redefinir alianzas, condicionar cooperación militar y abrir conflictos jurídicos que tendrán repercusiones inmediatas para gobiernos y fuerzas de seguridad en la región.
