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El Gobierno volvió a intervenir de forma visible en el mercado cambiario y eso condiciona hoy la trayectoria de las tasas, la liquidez y las expectativas hacia las elecciones. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si la política económica prioriza mantener el tipo de cambio o bajar el costo del dinero para reactivar la demanda interna.
A fines de julio, la Tesorería concretó ventas puntuales de divisas —entre ellas una operación de US$145 millones el día 28— con el objetivo de frenar la fuerte depreciación del peso que se registró en junio. En paralelo, la colocación de deuda en moneda local superó ampliamente los vencimientos: en la licitación de fin de mes el Gobierno colocó bonos por el 145% de los pagos programados, lo que absorbió pesos del mercado.
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El efecto fue inmediato sobre las tasas: los rendimientos domésticos, que ya venían al alza, se intensificaron. La tasa TAMAR —referencia para grandes depósitos en pesos— pasó de rondar el 22% en abril-julio a cerca del 23,3% a fines de julio; otros tipos de interés interbancarios y los adelantos a empresas aumentaron incluso más.
Además, la oferta de instrumentos con protección cambiaria creció de forma notable. El Gobierno aumentó la emisión de bonos dollar-linked o “duales” —productos que cubren contra subidas del dólar o de variables locales como la TAMAR—: representaron apenas el 4,1% de la deuda emitida en mayo, el 12,5% en junio y casi la mitad en julio. También se baraja un mayor uso de ventas de dólar futuro, aunque esa información aún no está disponible públicamente.
Lectura del mercado y primer mes de agosto
En lo que va de agosto las señales confluyen en la misma dirección: el Banco Central redujo drásticamente sus compras de divisas. Hasta el 13 de agosto acumulaba apenas US$249 millones, frente a un promedio mensual superior a US$2.200 millones en los cuatro meses previos. Aunque la temporada de liquidación de granos se moderó, esa caída no explica por sí sola el menor ingreso de reservas.
En la primera quincena de agosto la colocación de deuda fue neutra en términos de liquidez —emitió por el 100% de los vencimientos—, por lo que la plaza de pesos siguió apretada y las tasas no retrocedieron a los niveles de principios de julio. Frente a este escenario, los operadores se preguntan si el Gobierno volverá a tolerar niveles de interés más altos con tal de sostener el tipo de cambio, como ocurrió en 2025.
Costes políticos y clima de opinión
Las encuestas de julio y los sondeos más recientes muestran una caída en la popularidad del oficialismo y cierta incertidumbre sobre la posibilidad de una reelección. Estudios como ESPOP registraron un repunte menor en agosto, pero no suficiente para hablar de una consolidación.
Por su parte, el índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella refleja un deterioro en las expectativas futuras: tras alcanzar un pico en febrero de 2025, el indicador descendió y se ubica ahora en niveles que recuerdan los momentos más débiles del período anterior de gobierno. Al mismo tiempo, la prioridad ciudadana volvió a enfocarse en la falta de empleo y los salarios bajos: la inflación dejó de ser el problema número uno para buena parte de la población.
Ese replanteo de prioridades explica por qué sostener la desinflación a costa de una menor actividad puede resultar políticamente costoso.
Movimientos en la arena política
Los cambios en el humor social se reflejaron también en la arena legislativa: bloques opositores lograron frenar o modificar partes de proyectos controvertidos, y hubo reuniones estratégicas entre dirigentes para coordinar respuesta frente a propuestas del Ejecutivo, como la eliminación de las PASO. Al mismo tiempo surgieron nombres y candidaturas que empiezan a explorar su viabilidad electoral, lo que dinamiza la competencia interna y el escenario preelectoral.
La combinación de mayor incertidumbre política y decisiones económicas pragmáticas llevó a los inversores a exigir una prima de riesgo más alta. El riesgo país escaló desde alrededor de 400 puntos básicos a principios de julio hasta cerca de 472 puntos la semana pasada, en un contexto donde la mayoría de los países de la región veía descender esa variable.
Los precios de los bonos en dólares perdieron valor y los títulos en pesos también acompañaron la suba de tasas. El índice accionario local, medido en contado con liquidación, retrocedió cerca de un 13% desde su máximo de mediados de julio.
Medidas para apuntalar la actividad
Ante este panorama, el Gobierno lanzó algunas medidas con el objetivo de impulsar el crédito y la actividad —al menos de forma parcial— sin renunciar por completo a la política de desinflación.
Las principales novedades son:
- Permitir a los bancos prestar en dólares a empresas no exportadoras hasta el 15% de sus depósitos en divisas, con restricciones prudenciales adicionales. Esta ampliación podría generar alrededor de US$6.000 millones de crédito en moneda extranjera, cerca del 1% del PBI.
- Impulsar que el FGS (fondo de ANSeS) realice depósitos a plazo en bancos para facilitar la disponibilidad de préstamos hipotecarios a largo plazo.
Ambas medidas buscan reactivar segmentos clave del crédito —hipotecario y de empresas— aunque no resuelven el problema de las tasas en pesos, que son centrales para el consumo.
Qué puede pasar ahora y por qué importa
En las próximas semanas es probable que el Ejecutivo y el Banco Central opten por aumentar la liquidez del sistema, ya sea aceptando no renovar parte de la deuda que vence, comprando bonos en pesos en el mercado secundario o reanudando compras de dólares. Ese mayor dinamismo de liquidez tendería a reducir las tasas y a aliviar la presión sobre el crédito en pesos.
Sin embargo, esa estrategia complicaría sostener un tipo de cambio fijo en torno a 1500. El Gobierno tampoco parece dispuesto a permitir una devaluación abrupta, porque la desinflación sigue siendo una prioridad: lo más probable es que la depreciación sea moderada y administrada.
Factores que jugarán a favor de una transición gradual:
- Queda por exportar un volumen alto de la cosecha agrícola.
- Las exportaciones de energía continúan en aumento.
- La demanda de dólares por parte de personas físicas probablemente se intensifique más cerca de la elección, no de forma inmediata.
- El Gobierno dispone de herramientas de mercado —como la venta de bonos dollar-linked y el ritmo de compras del BCRA— para modular la cotización.
En el frente de precios, el impacto del último ajuste cambiario sobre la inflación se mostró contenido: después del pico de julio (2,1% mensual, influido por precios estacionales), los primeros datos de bienes señalaron una desaceleración —1,4% y 1,6% en junio y julio—, sin un efecto de transmisión claro hacia una inflación más acelerada. La proyección de consenso sitúa a la inflación por debajo del 2% mensual en agosto.
Si la liquidez aumenta y las tasas en pesos retroceden, hay espacio para que el salario real deje de caer y el consumo se recupere de forma moderada. No se espera un rebote vigoroso de la economía, pero sí una mejora suficiente como para reducir el estrés social y darle holgura política al Gobierno en el corto plazo.
En resumen: el Ejecutivo maniobra para contener el dólar sin renunciar a la desinflación, pero la presión política y la necesidad de impulsar la actividad obligan a buscar más liquidez. El resultado más probable es una depreciación ordenada, tasas algo más bajas y una recuperación lenta del consumo, eventos que influirán tanto en la economía como en el mapa electoral.
