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Tras la exposición en el Congreso del jefe de Gabinete, el oficialismo intentó dejar atrás la controversia por las denuncias patrimoniales y encender la discusión legislativa: en la lista de prioridades figuran la eliminación de las primarias, la aprobación de Ficha Limpia y la sanción de la llamada Ley Hojarasca. Estas iniciativas, si avanzan, tendrían efectos directos sobre el calendario electoral, el financiamiento de campañas y derechos vinculados a la propiedad y las prestaciones sociales.
Cierre de filas después del informe
En su presentación ante los parlamentarios, el jefe de Gabinete defendió su gestión y rechazó las imputaciones sobre enriquecimiento ilícito, advirtiendo que no renunciará y apelando a que las causas deben seguir su curso en la Justicia. Desde el entorno del Ejecutivo sostienen que la agenda pública no debe quedar secuestrada por la polémica y que corresponde avanzar con los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
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La estrategia oficial es clara: trasladar el eje del debate al Congreso y forjar acuerdos que permitan tramitar iniciativas de alto impacto antes de que la dinámica electoral complique los consensos.
Prioridades legislativas
Entre las iniciativas que el gobierno busca impulsar aparecen varias con consecuencias concretas para el funcionamiento del sistema político y la economía pública:
- PASO: propuesta para suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, junto con cambios en el financiamiento de campañas.
- Ficha Limpia: norma para vetar candidaturas de personas con condenas o irregularidades, incluida en el paquete electoral.
- Ley Hojarasca: proyecto para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas o onerosas.
- Iniciativas sobre inviolabilidad de la propiedad y procedimientos sumarísimos para recuperar inmuebles usurpados.
- Propuestas que modifican criterios de expropiación, indemnizaciones y regulaciones vinculadas al manejo del fuego.
- Un proyecto de nueva ley de discapacidad que obliga a un reempadronamiento y plantea restricciones laborales para beneficiarios.
Un calendario ajustado y riesgos políticos
Diputados oficialistas admiten que varias normas deberían aprobarse antes de fin de año para evitar que el acercamiento de la campaña electoral complique los acuerdos. En ese contexto, el Ejecutivo busca sumar apoyos entre bloques provinciales y negociadores clave.
Fuentes del oficialismo reconocen que muchos gobernadores intentarán marcar distancia de cara a las elecciones, lo que complicaría la tarea de conseguir mayorías homogéneas en temas sensibles.
Resistencias y contrapropuestas
El avance sobre las PASO enfrenta rechazo explícito de sectores aliados: PRO y la UCR ya expresaron su oposición, y gobernadores como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil coincidieron en que su eliminación sería un error para el orden interno de los partidos.
Jaldo propuso una alternativa: mantener las internas obligatorias pero suprimir el financiamiento público para las primarias y excluir del mecanismo a partidos que presenten listas únicas, de modo que los costos queden a cargo de las fuerzas políticas y no del Estado.
La introducción de Ficha Limpia en el mismo paquete electoral también generó malestar dentro de la coalición, con pedidos de bloques como PRO, Coalición Cívica, UCR y Provincias Unidas para que ese proyecto se trate por separado.
Qué implica la Ley Hojarasca y otros cambios en propiedad
La Ley Hojarasca, impulsada por el Ministerio de Desregulación, propone la eliminación selectiva de más de setenta normas que el Gobierno considera obsoletas o generadoras de costos innecesarios. La iniciativa obtuvo dictamen en comisión hace casi dos semanas y ahora apunta al recinto.
En paralelo, se impulsan cambios en materia de propiedad y expropiaciones: un procedimiento acelerado para recuperar inmuebles usurpados, la eliminación de la restricción general sobre titularidad extranjera de tierras rurales y nuevos criterios para valorar indemnizaciones por expropiación. También se plantea flexibilizar la legislación sobre manejo del fuego.
Estado del proyecto sobre discapacidad
La reforma de la ley de discapacidad tiene pocas posibilidades de tratamiento inmediato por falta de consensos. El texto propone un reempadronamiento obligatorio de titulares de pensiones por invalidez —con presentación de documentación médica, económica y laboral— y establece una incompatibilidad con empleos formales, medidas que han despertado reparos entre organizaciones sociales y legisladores.
En definitiva, la Cámara entra en una etapa de negociación intensa: el Gobierno quiere consolidar victorias legislativas antes de que la cercanía de las elecciones modifique alianzas, mientras que varios socios y gobernadores ya advierten que se reservarán posturas propias en temas clave. La Justicia, por su parte, continuará con las investigaciones que motivaron la sesión en la que el jefe de Gabinete dio explicaciones.
