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Un juez federal de Tucumán impuso límites claros a las intervenciones policiales en los recintos universitarios tras denuncias por episodios de amedrentamiento en la Facultad de Filosofía y Letras los pasados 15 y 16 de octubre. La decisión, que protege el derecho a la protesta y refuerza la autonomía de la casa de estudios, llega en plena ronda de medidas de fuerza del gremio docente.
El Juzgado Federal N.º 1 aceptó el hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), junto a representantes estudiantiles y no docentes, y ordenó medidas cautelares dirigidas a evitar nuevas incursiones policiales sin base legal.
Qué obliga el fallo
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El magistrado José Manuel Díaz Vélez prohibió expresamente que efectivos de la Policía provincial ingresen, se acerquen o ejerzan prácticas intimidatorias dentro de esta facultad —y en cualquier predio universitario— cuando no exista una orden judicial fundada o un requerimiento formal de la autoridad universitaria.
- Prohibición de ingreso no autorizado y de acercamiento a los accesos de la universidad.
- Cese inmediato de detenciones arbitrarias o conductas que constituyan intimidación contra estudiantes, docentes y no docentes.
- Recordatorio del marco legal aplicable: las fuerzas de seguridad sólo pueden intervenir con orden judicial o pedido de la autoridad universitaria.
- Notificación de la resolución al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Jefatura de Policía de Tucumán.
En su resolución, el juez constató vacíos e inconsistencias en las explicaciones aportadas por autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad sobre los hechos denunciados, entre ellos el acceso de cuatro efectivos de Infantería el 16 de octubre y la identificación del agente señalado por intimidar a un estudiante un día antes. Por eso el tribunal consideró que persistía una amenaza real sobre la libertad y la integridad de miembros de la comunidad académica.
El fallo hace hincapié en la protección de la autonomía universitaria y en la garantía del derecho a la protesta pacífica, apelando a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley de Educación Superior para limitar la intervención de las fuerzas públicas en ámbitos universitarios.
Reacciones dentro y fuera de la UNT
Desde Adiunt valoraron la resolución y sostuvieron que la acción judicial confirma la veracidad de las denuncias. Alejandra del Castillo, vocal del gremio en Filosofía y Letras, afirmó que el pronunciamiento judicial constituye un avance en la protección institucional, aunque advirtió que mantendrán la vigilancia y pedirán que se identifique y sancione a los responsables.
La secretaria general del sindicato, Anahí Rodríguez, denunció además que la presencia policial reiterada se produce durante asambleas y reuniones gremiales: según su testimonio, agentes suelen permanecer en las inmediaciones cada vez que convocan una instancia colectiva. En paralelo, el decano Sergio Robín se reunió con autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad para intentar abrir canales de diálogo.
Por qué importa ahora
La decisión judicial llega en un momento de tensión por el conflicto salarial y presupuestario en la Universidad Nacional de Tucumán: los docentes realizaron un paro entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, con una concentración y clases públicas convocadas frente al Rectorado (Ayacucho 491). Con estas medidas, la UNT acumula más de 50 días de huelga durante el año, señalando un deterioro de los salarios y el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo no solo protege a la comunidad afectada: también sienta un precedente sobre los límites de la actuación policial en campus universitarios y obliga a las fuerzas provinciales a ajustar sus procedimientos. En los próximos días se espera que el tribunal reciba información complementaria y que las autoridades de seguridad respondan a la notificación formal de la resolución.
Mientras tanto, sindicatos y organizaciones estudiantiles permanecerán en estado de alerta y exigen que se avance en la investigación de los hechos denunciados para garantizar que no se repitan episodios que, según sus dirigentes, constituyeron formas de violencia institucional.
