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El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, presentó una acción judicial para frenar la incorporación de 33 empleados al plantel permanente del Concejo Deliberante, una medida que, según el Ejecutivo, implicaría un gasto cercano a $570 millones anuales. La disputa, entre argumentos técnicos y reproches políticos, plantea hoy dudas sobre el destino de recursos municipales y sobre la transparencia en las designaciones.
Demanda judicial y el voto en cuestión
Molinuevo llevó el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo: solicitó la nulidad de la ordenanza y una medida cautelar para suspender las designaciones mientras se resuelve el fondo del asunto. Según su presentación, la norma fue aprobada por ocho concejales de la oposición en un cuerpo de 12 integrantes, pese al veto municipal.
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Pase a planta de 33 empleados en Concepción llega a la justicia: iniciativa de Molinuevo
El intendente cuestiona la forma en que se realizó la votación y afirma que muchos de los favorecidos no cumplen con la antigüedad reglamentaria para pasar a planta permanente. Además, sostiene que las altas fueron justificadas por la creación de áreas sociales y de juventud, tareas que, a su juicio, corresponden al Ejecutivo municipal.
Los argumentos del Ejecutivo
Molinuevo advirtió que sumar esos puestos supondría una carga presupuestaria innecesaria en un contexto económico complejo. También señaló problemas logísticos: la Municipalidad, dijo, no cuenta con espacios físicos suficientes para alojar a más personal.
En sus declaraciones públicas subrayó que las incorporaciones parecen responder a intereses partidarios y no a necesidades administrativas. Según señaló, la prioridad debería ser destinar recursos a obras y servicios que beneficiaran a la comunidad.
Qué implica, en la práctica
- Presupuesto: Un desembolso anual estimado en $570 millones, que el Ejecutivo considera evitables.
- Legalidad: La medida cautelar podría dejar sin efecto las designaciones hasta que la Cámara decida sobre la nulidad.
- Espacio físico: Falta de oficinas y recursos operativos para absorber más planteles.
- Impacto laboral: Posible incertidumbre para los 33 trabajadores afectados si la Justicia revoca la ordenanza.
- Perspectiva política: Riesgo de que estas decisiones se interpreten como maniobras electorales.
Un trasfondo electoral
La controversia llega con la mirada puesta en los comicios municipales previstos para mayo de 2027. Molinuevo, cercano a La Libertad Avanza, considera que la decisión tiene una clara lectura estratégica por parte del Partido Justicialista, que pretende recuperar la intendencia de la llamada “Perla del Sur”.
En paralelo, la escena local registra movimientos entre fuerzas afines: el intendente habría mantenido contactos con el exdiputado nacional Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, en busca de acordar el rumbo del espacio político que gobierna el municipio. Hasta ahora no se ha formalizado un entendimiento y Sánchez aparece como posible candidato a volver a la intendencia.
Pasos próximos y consecuencias
Molinuevo afirma que pidió postergar la iniciativa y analizarla con más tiempo, pero que la ordenanza se presentó y aprobó al cierre de una sesión sin aviso previo. Por eso recurrió a la Justicia: aseguró que la intervención judicial es la vía para proteger los intereses de la comunidad y evitar nombramientos realizados “a última hora”.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene ahora la responsabilidad de decidir sobre la medida cautelar. El fallo determinará si las designaciones quedan suspendidas mientras avanza el proceso o si se mantienen, y marcará además el tono de la discusión política hacia 2027.
