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La crítica que Javier Milei lanzó contra la ONU durante la última Asamblea General reavivó una pregunta práctica: ¿puede una organización multilateral fundada en 1945 reinventarse para responder a desafíos del siglo XXI? La discusión no es teórica; afecta desde reclamos territoriales hasta la regulación de la inteligencia artificial y el cambio climático.
La intervención del presidente argentino apunta a un problema familiar en ciencias políticas y administración: las instituciones tienden a conservar estructuras y privilegios aunque cambien las circunstancias externas. Ese rasgo explica por qué, a menudo, los esfuerzos por reformar organismos internacionales chocan con intereses consolidados y limitaciones operativas.
Un paralelo histórico útil es la evolución de los foros de poder económico. El grupo conocido como G7 surgió en los años setenta con base en el peso económico de entonces; terminó ampliándose primero con Rusia y hoy convive con un foro más heterogéneo, el G20. Ese paso ilustra una lección: en vez de expulsar miembros o redistribuir poder, muchas veces las estructuras se expanden para incorporar nuevas realidades sin forzar una redistribución del poder efectivo.
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También conviene recordar figuras que conectaron la práctica empresarial con la teoría institucional. El industrial y pensador estadounidense Henry Sturgis Dennison aportó ideas sobre cómo organizar empresas y sobre la relación entre trabajo y propósito, y su experiencia influyó en académicos que modelaron parte del pensamiento económico e institucional del siglo XX.
Por qué la ONU es difícil de transformar
El diseño fundacional de la organización refleja el equilibrio de fuerzas de 1945. El Consejo de Seguridad sigue contando con cinco miembros permanentes con veto; esa asimetría condiciona la capacidad de la ONU para mediar en conflictos donde algún permanente tiene intereses directos.

Además, el uso de la fuerza y la seguridad recaen en última instancia en los Estados. La ONU dispone de contingentes de paz, pero no de un ejército propio que pueda imponer soluciones contra la voluntad de las grandes potencias. Esa limitación práctica reduce la efectividad de cualquier reforma que no contemple la aceptación de los Estados con mayor poder militar.
El economista Albert O. Hirschman propuso una distinción útil: ante la insatisfacción, los actores pueden optar por la queja, la salida o la lealtad. Aplicada a los estados, esa lógica ayuda a entender por qué algunos gobiernos presionan por cambios internos, mientras otros buscan alternativas externas o simplemente mantienen el statu quo.
- Veto en el Consejo: bloquea decisiones clave y desalienta concesiones de poder.
- Soberanía militar: las fuerzas armadas son propiedad de los Estados, no de la ONU.
- Intereses divergentes: las prioridades de grandes potencias difieren en política exterior y economía.
- Burocracia institucional: la inercia interna frena cambios rápidos y profundos.
- Desigualdad de representación: la composición refleja el mapa de 1945 más que el del presente.
- Capacidad de ejecución: sin herramientas coercitivas o incentivos claros, las normas quedan en papel.
Qué puede y qué no puede esperarse ahora
La postura de un presidente —aunque contundente— rara vez basta para transformar la arquitectura de la diplomacia multilateral. Sin embargo, la repetición del reclamo por parte de varios gobiernos o el surgimiento de coaliciones regionales sí pueden impulsar cambios graduales y concretos.

En la práctica, las reformas plausibles suelen concentrarse en áreas funcionales: mejorar mandatos de paz, elevar la representatividad en foros especializados, negociar reglas compartidas para problemas transnacionales como la inteligencia artificial o el medio ambiente.
Para Argentina, la apuesta realista debería combinar denuncia pública con diplomacia operativa: sumar aliados, presentar propuestas técnicas aplicables y priorizar reformas donde hay mayor posibilidad de consenso. Eso aumenta las chances de resultados tangibles sin depender de una transformación global inmediata.
Medidas concretas con más probabilidad de avance
- Negociar mandatos más claros y recursos estables para misiones de paz.
- Crear pactos sectoriales con jurisdicción multilateral en temas específicos (clima, IA).
- Promover representación gradual en órganos consultivos antes que asaltar de golpe el Consejo.
- Impulsar coaliciones regionales que actúen como bloques de negociación en la ONU.
La crítica de Milei vuelve a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: las instituciones internacionales pueden adaptarse, pero lo hacen a paso lento y mediante fórmulas pragmáticas —ampliación, coaliciones o acuerdos sectoriales— más que por reformas radicales impulsadas desde una única voz. Comprender esos límites es clave para diseñar estrategias diplomáticas que realmente produzcan cambios tangibles.











