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El juez federal Ernesto Kreplak suspendió la decisión prevista para este viernes sobre la situación de las funcionarias de la ANMAT procesadas en la causa por fentanilo contaminado, tras un pedido de ampliación de declaración presentado por Nélida Agustina Bisio. La resolución quedó reprogramada y la funcionaria fue citada a declarar el lunes, un giro que puede definir responsabilidades en uno de los episodios más graves de control sanitario reciente.
Qué motivó la postergación
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Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, aplazó la resolución después de recibir un escrito de Bisio en el que solicita ampliar sus explicaciones ante el tribunal. La presentación reprodujo argumentos que la exdirectora ya había esgrimido en instancias anteriores, y llevó al magistrado a convocarla nuevamente antes de tomar una determinación definitiva.
La causa investiga, entre otros, a los dueños de los laboratorios HLB y Ramallo: Ariel García Furfaro y un grupo de 13 personas vinculadas a esas firmas. En paralelo, el expediente busca establecer si desde la ANMAT existió alguna forma de negligencia o una actuación deficiente que contribuyera al daño: al menos 90 personas murieron y otras 44 resultaron afectadas por el fármaco contaminado.
Cómo actuaron las imputadas
Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó fueron detenidas el 4 de agosto a pedido de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, a cargo de Laura Roteta, y de Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ambas recuperaron la libertad tras pagar una caución de 150 millones de pesos.
Antes de su excarcelación, Bisio se negó a responder preguntas del juzgado y optó por presentar defensas por escrito; Mantecón Fumadó, en cambio, declaró oralmente durante varias horas. En su nuevo documento, Bisio reafirma que su intervención en procedimientos concretos del organismo tenía límites, y sostiene que no estaba al mando directo de ciertas decisiones técnicas.
La controversia se complica porque, si bien Bisio fue designada directora de la ANMAT en diciembre de 2023, acumula alrededor de 30 años de trayectoria dentro del organismo, según fuentes judiciales y administrativas.
Acusaciones fiscales y hallazgos previos
El pedido de detención presentado por los fiscales partió de un informe de casi 200 páginas que, entre otros puntos, sostiene que el accionar de la ANMAT fue insuficiente frente a alertas internas. Los investigadores afirman que, de haberse actuado de forma distinta —por ejemplo, atendiendo advertencias del personal técnico—, muchos de los fallecimientos y daños podrían haberse evitado.
El expediente remite además a una inspección previa al laboratorio Ramallo, en la que se detectaron deficiencias calificadas como «críticas y mayores» en las prácticas de fabricación. Ese informe de auditoría alimenta la hipótesis de vacíos de control que facilitaron la salida al mercado de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes.
- Procesamiento: el juez podría avanzar hacia un procesamiento si considera que hay elementos suficientes para sostener la posible participación de las funcionarias en un futuro juicio.
- Sobreseimiento: optar por cerrar la vía penal si entiende que no existen pruebas que vinculen a las imputadas con los hechos investigados.
- Falta de mérito: una decisión intermedia que dejaría abierta la investigación hasta que aparezcan pruebas adicionales.
En las próximas audiencias el tribunal deberá evaluar la nueva ampliación solicitada por Bisio y decidir cuál de estas tres vías corresponde. La resolución no solo tiene consecuencias penales para las involucradas, sino también implicaciones sobre cómo se supervisan los medicamentos críticos en el sistema de salud.
Mientras tanto, la causa sigue su curso: la definición que adopte el juez Kreplak será determinante para la continuidad de la investigación y para las responsabilidades administrativas y políticas que puedan derivarse.
