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El fallo reciente del Tribunal Oral Federal Nº 4 en la causa Skanska y la decisión del gobierno de liquidar la mayoría de los fondos fiduciarios públicos volvieron a poner en discusión la gestión de recursos estatales. La pregunta que queda es práctica: ¿estos vehículos sirven para acelerar obras y políticas públicas o abren grietas por donde se pierden fondos y se promueve la discrecionalidad?
Los llamados fideicomisos estatales son instrumentos contractuales que permiten separar un patrimonio destinado a un fin específico y confiar su administración a terceros. En la Argentina su uso se apoya en el Código Civil y Comercial, la Ley de Administración Financiera y, además, en normas propias que crean cada fondo.
En teoría, estos fondos ofrecen dos ventajas claras: mayor capacidad operativa frente a la burocracia oficial y la posibilidad de reunir profesionales y mecanismos de gestión más ágiles. Pero en la práctica esos beneficios dependen de reglas y controles que, cuando faltan, generan problemas.
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Qué tipos de proyectos suelen financiar
Hasta diciembre de 2023 existían 29 fondos fiduciarios públicos; diez de ellos se habían creado durante la última década con objetivos muy variados. Entre las finalidades aparecen:
- Construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura regional.
- Subsidios al consumo de gas y al transporte público.
- Apoyo a microempresas y programas de ciencia y tecnología.
- Garantías recíprocas, recuperación de actividades productivas y despliegue de fibra óptica.
Condiciones mínimas para que un fideicomiso funcione
No existe una fórmula mágica, pero la experiencia y los informes oficiales muestran requisitos recurrentes para que un fondo cumpla su propósito sin desvíos:
- Fines claros: metas concretas, indicadores y criterios de selección para evaluar proyectos.
- Asignación adecuada de recursos: presupuesto basado en estimaciones de costo y flujos acordes al ritmo de ejecución.
- Requisitos para beneficiarios: documentación, capacidad técnica y criterios explícitos para otorgar aportes o préstamos.
- Administración financiera responsable: inversiones que preserven el valor real del patrimonio y honorarios pactados con transparencia.
- Control y rendición de cuentas: informes periódicos auditados y revisión efectiva por parte del fiduciante.
- Evaluación de impacto: verificaciones in situ, medición de producción o encuestas que confirmen el cumplimiento de objetivos.
Cuando alguno de estos elementos falta, aparecen consecuencias previsibles: demoras en las obras por falta de fondos, pérdida del poder adquisitivo por inflación, asignaciones sin sustento técnico o incluso créditos incobrables.
Los balances de varios fideicomisos entre 2021 y 2023 muestran pérdidas significativas por exposición a la inflación, lo que obliga a que el fiduciario administre el patrimonio de forma que los desembolsos lleguen con el menor deterioro posible. Del mismo modo, la Sindicatura General de la Nación ha señalado en informes públicos deficiencias en la rendición y en el control que realiza el Estado sobre estos vehículos.
Lecciones del caso Skanska
El proceso penal en esa causa no solo implicó condenas por administración fraudulenta y pago de sobornos; también puso en evidencia fallas en controles, selección de beneficiarios y supervisión de obras. Esos vacíos explican, en parte, la reciente decisión administrativa de disolver la mayoría de los fondos fiduciarios públicos.
La liquidación masiva que impulsa el gobierno responde a la percepción de riesgos sistémicos, pero abre otras preguntas: cómo preservar proyectos en marcha, qué mecanismos alternativos ofrecer para garantizar continuidad y cómo legislar para evitar reaparezca la opacidad en otras fórmulas.
En síntesis, los fideicomisos pueden ser herramientas útiles para la gestión pública siempre que se combinen fines definidos, un financiamiento coherente, controles independientes y rendición de cuentas efectiva. Sin esas condiciones, la flexibilidad que los caracteriza puede transformarse en un terreno fértil para la discrecionalidad y la corrupción —y eso, en última instancia, afecta la ejecución de políticas y el uso del dinero público.
