Responsables de áreas clave del Tribunal de Cuentas provincial rechazaron con dureza una solicitud de juicio político contra el presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, y señalaron que las acusaciones carecen de sustento verificable. El conflicto pone en tensión el debate sobre control público y la forma en que la información periodística llega a la Legislatura.
En un comunicado conjunto, los jefes de la Secretaría General, la Prosecretaría General, los Departamentos de Ingenieros Fiscales y Contadores Fiscales, y la Asesoría Jurídica del Tribunal calificaron la presentación ante la Comisión de Juicio Político como una campaña de desinformación basada en relatos parciales y fuentes anónimas.
La denuncia fue formulada por los periodistas Roque Galeano, Martín Faciano y Mauricio Formoso ante la comisión legislativa, donde demandaron investigar un presunto mal desempeño y el incumplimiento de deberes del funcionario. Frente a eso, el Tribunal emitió un documento de seis puntos en el que responde punto por punto a las imputaciones.
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- Niegan que haya existido omisión de control en la obra del establecimiento San José Gabriel del Rosario Brochero.
- Afirman que la acusación se apoya en una interpretación sesgada del expediente, que confunde control preventivo con control posterior.
- Señalan que se han atribuido al Tribunal decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo.
- Refutan la idea de que un pago haya sido “aprobado”, cuando en realidad no existe tal aprobación formal.
- Alertan que se presenta como resuelto un trámite que sigue en curso en las oficinas competentes.
Los firmantes insisten en que el Tribunal de Cuentas debe permanecer sujeto al escrutinio público y aceptar la crítica, pero subrayan que esa fiscalización debe sustentarse en hechos comprobables y no en afirmaciones inexactas ni en fragmentos de expediente sacados de contexto.
La disputa no es sólo técnica: tiene implicaciones institucionales claras. Si la Comisión de Juicio Político avanza sin una base probatoria sólida, advierten en el comunicado, podría vulnerarse la legitimidad del organismo y deteriorarse la confianza ciudadana en los mecanismos de control.
Ahora la legislatura deberá decidir si la presentación de los periodistas progresa a una investigación formal o si queda archivada. En las próximas etapas será clave que ambas partes aporten documentación precisa y que la Comisión evalúe la evidencia con transparencia.
