El sitio web de Flybondi muestra hoy un error 504 y permanece inaccesible, en medio de una crisis que ya acumula casi dos semanas sin vuelos. La caída del portal (imposible para reservar, reprogramar o pedir reembolsos) se suma a restricciones internacionales y a medidas judiciales que complican la continuidad de la aerolínea.
Sitio fuera de servicio y posible fallo en servidores
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Al ingresar a la página oficial, los usuarios encuentran un mensaje de “Gateway time-out” acompañado del código de error 504, un síntoma habitual de problemas en el servidor principal o en la pasarela que comunica con los sistemas internos. Fuentes consultadas vinculan la interrupción con una caída en la infraestructura técnica, pero hasta ahora no hubo un comunicado oficial que confirme la causa ni un plazo de restablecimiento.
La inaccesibilidad ocurre después de una sanción impuesta por autoridades brasileñas que impedía a la compañía vender pasajes con destino a ese país, y tras un embargo judicial por una deuda vinculada a ARCA que supera los $1500 millones.
Qué está pasando en la operación y por qué importa
La situación no es sólo tecnológica: desde hace días la empresa no opera vuelos, y muchas agencias dejaron de ofrecer sus billetes por la alta tasa de cancelaciones. Esto tiene efectos directos sobre quienes planearon viajes, la venta futura de pasajes y el cumplimiento de obligaciones legales y comerciales.
- Duración de la paralización: la compañía lleva casi 12 días sin operar regularmente.
- Acceso a compras y cambios: el sitio web está inoperativo, lo que impide comprar o gestionar reservas.
- Sanción internacional: Brasil prohibió la comercialización de pasajes hacia ese destino.
- Embargo judicial: existe una medida por deudas con ARCA por más de $1500 millones.
Cancelaciones y dinero adeudado a pasajeros
El registro independiente Failbondi documenta que, en lo que va del año, la aerolínea canceló alrededor de 2400 vuelos, afectando a cerca de 383.000 pasajeros. Desde enero, la compañía habría dejado de tramitar reembolsos por esos vuelos, pese a que la normativa aeronáutica y la Ley de Defensa del Consumidor obligan a devolver el dinero o a ofrecer alternativas.
Si se toma como referencia una recaudación promedio de US$50 por tramo, el volumen de pasajes pendientes de devolución podría sumar más de US$19 millones. Ese agujero financiero explica buena parte de la tensión con proveedores, agencias y usuarios.
Empleados y cobertura médica
En los últimos meses el personal sufrió incumplimientos salariales. La empresa adeuda sueldos de junio y julio y el medio aguinaldo para quienes continúan en plantilla. Además, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones ni los acuerdos de retiro voluntario que la propia empresa homologó.
El 6 de agosto la falta de pago de aportes patronales dejó a trabajadores activos y extrabajadores sin cobertura de medicina prepaga ni obra social, lo que interrumpió tratamientos y controles médicos. Desde esa fecha la aerolínea no realiza operaciones comerciales.
Estado judicial: concurso preventivo y pedidos de quiebra
Ante la acumulación de incumplimientos, crece la expectativa de que la empresa opte por iniciar un concurso preventivo, un mecanismo que congela las deudas a la fecha de su apertura para facilitar la renegociación con acreedores y, en algunos casos, acordar quitas. En los tribunales comerciales ya existen varios pedidos de quiebra presentados contra la firma, que por ahora no prosperaron; si persisten los pagos impagos, podrían activarse esos expedientes.
Alternativas en estudio y situación del control societario
Fuentes cercanas a la compañía y al empresario propietario —identificado como Leonardo Scatturice— confirmaron que se evalúan distintas vías para intentar sostener el negocio. No obstante, no hay, por el momento, una decisión firme ni un plan público que garantice reactivar operaciones ni resolver de inmediato la situación de pasajes y sueldos adeudados.
Lo que sigue siendo clave para pasajeros y empleados es la comunicación oficial de la aerolínea y la actuación de autoridades regulatorias y judiciales: sin una resolución rápida, el riesgo de procedimientos concursales o de quiebra aumentará, con consecuencias prácticas sobre viajes ya comprados, puestos de trabajo y proveedores.
