Mostrar resumen Ocultar resumen
Un juzgado federal de Villa Mercedes dictó un embargo preventivo sobre fondos vinculados al Fondo de Servicio Universal tras una demanda de una empresa de San Luis, en un fallo que puede repercutir en la ejecución de obras de conectividad destinadas a barrios populares. La medida llega en medio de reclamos por actualización de precios y genera incertidumbre sobre el financiamiento de proyectos aprobados por el regulador.
La acción judicial fue presentada por San Luis CTV S.A., empresa de Villa Mercedes que presta servicios de internet y televisión paga, a raíz de un convenio firmado en septiembre de 2023 para ampliar redes en zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Qué ordenó el juez y por qué
Selección: ciudad anfitriona vive silencio sobre el fútbol
Congelan $665 millones de un fondo ligado a Enacom tras fallo federal en San Luis
El magistrado del Juzgado Federal de Villa Mercedes dispuso un embargo preventivo sobre los recursos y activos del Fideicomiso de Administración Argentina Digital, que administra partidas ligadas al Fondo de Servicio Universal.
En su resolución el juez consideró acreditados de forma preliminar dos requisitos legales: la verosimilitud del derecho alegado por la firma y el riesgo de que la demora haga ineficaz una eventual sentencia favorable.
- Monto embargado: $545.678.008 más otros $120.000.000 para cubrir intereses y posibles acrecidas, total $665.678.008.
- Plazo: la medida tendrá vigencia por seis meses.
- Condición para la firma: constituir una contracautela de $90.000.000 mediante depósito, seguro de caución u otra garantía equivalente.
Reclamo de la empresa
San Luis CTV alega que el organismo regulador, Enacom, no cumplió cláusulas del contrato que establecían la actualización de montos según índices oficiales. La empresa afirma que la inflación y la demora en los desembolsos y en la aprobación de rendiciones les provocaron pérdidas y reclama una “adecuación contractual” por alrededor de $545,6 millones, además de daños por la postergación de las obras.
También alertó sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean reasignados o afectados por cambios en la administración de fondos fiduciarios adoptados por la Nación, razón por la cual solicitó la cautelar.
La defensa del regulador
Enacom rechazó las imputaciones y sostuvo que los pedidos de actualización requieren análisis técnico‑económicos adicionales. Según el organismo, la aceleración de precios hizo que muchos proyectos superaran los topes previstos y obligó a revisar las solicitudes de recomposición.
Además, el ente había planteado una excepción de incompetencia, alegando que cualquier controversia debería tramitarse en la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tal como prevé el contrato. Ese planteo fue rechazado por el juez de Villa Mercedes.
Posibles consecuencias
La medida cautelar puede frenar o condicionar pagos y adjudicaciones a proyectos de despliegue de redes en barrios populares, con impacto directo en la velocidad de ejecución y en la conectividad planeada para esas comunidades.
- Retrasos en obras ya licitadas o en ejecución.
- Mayor litigiosidad entre contratistas y el regulador.
- Incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos del programa para nuevos proyectos en el corto plazo.
Desde el punto de vista administrativo, la resolución fuerza al Enacom a justificar técnica y económicamente cada reclamo de recomposición, y abre la puerta a que otras empresas con convenios similares busquen medidas judiciales análogas.
El conflicto anticipa una disputa legal y operativa que será determinante para saber si los fondos destinados a cerrar la brecha digital seguirán destinados a obras o quedarán inmovilizados mientras se dirime la controversia en tribunales.
