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El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó esta semana una ordenanza que obliga a los principales funcionarios municipales a someterse a análisis toxicológicos anuales y aleatorios; la votación quedó igualada y fue el presidente del cuerpo quien decidió con su voto dirimente. La medida, que ahora espera la firma del intendente Pablo Macchiarola, busca reforzar la fiscalización interna pero abre debates sobre alcance y garantías legales.
Qué establece la ordenanza
El texto obliga a realizar un narcotest antes de asumir y, al menos, una vez al año de manera aleatoria a quienes integran el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante: intendente, secretarios, subsecretarios, directores, concejales y prosecretarios.
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Los exámenes deberán practicarse en laboratorios autorizados, respetando la cadena de custodia y normas de confidencialidad. Ante un resultado positivo, el funcionario tiene la posibilidad de solicitar una contraprueba dentro de los cinco días hábiles.
- Periodicidad: mínimo una vez al año y al asumir el cargo.
- Ambiente técnico: laboratorios habilitados y custodia documental.
- Plazo para contraprueba: 5 días hábiles.
- Sanciones: suspensión mínima de 90 días hábiles y exigencia de acreditar inicio de tratamiento; la reincidencia o la falta de cumplimiento podrá considerarse falta grave con posibilidad de destitución previa garantía de procedimiento legal.
Los autores del proyecto original fueron los concejales Mauricio Argiró y Gabriela Garolera, cuyas propuestas se fusionaron en un dictamen de consenso impulsado por el presidente del Concejo, Javier Jantus. Según los promotores, el objetivo es ofrecer una señal pública contra el narcotráfico y asegurar que quienes toman decisiones públicas lo hagan en condiciones plenas de capacidad.
Argiró explicó que la versión aprobada incluyó un esquema gradual: en lugar de apartar inmediatamente a un funcionario con un test positivo confirmado, se propone un periodo para tratamiento antes de considerar la separación definitiva en caso de reincidencia.
Críticas y dudas
Desde la oposición, el concejal Walter ‘Kabuby’ Aráoz cuestionó tanto el fondo como la forma: recordó la existencia de una normativa provincial que, según él, ya contempla controles y criticó la estrategia legislativa que terminó con el desempate del presidente del Concejo.
Aráoz sostuvo que su bloque había presentado un proyecto más amplio —que incluía el control de anfetaminas y psicofármacos— y afirmó que la votación reflejó maniobras para empatar y aprobar el dictamen de consenso.
Con la ordenanza ya sancionada, el expediente pasó al Ejecutivo municipal. Si el intendente la promulga, Yerba Buena aplicará por primera vez un régimen local de narcotests obligatorios para sus principales funcionarios, lo que podría servir de ejemplo para otros municipios y reactivar el debate sobre la aplicación de la ley provincial vigente.
El tema plantea dilemas prácticos y jurídicos: por un lado, la iniciativa apela a la transparencia y a la protección de la comunidad; por otro, despierta preguntas sobre la privacidad, el alcance de las pruebas y las garantías procesales para los funcionarios sometidos a controles.
En los próximos días habrá que observar si la Casa Municipal promulga la ordenanza y si, en paralelo, se plantean recursos o pedidos de revisión que lleven el asunto a instancias judiciales o administrativas superiores.
