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La intendenta Rossana Chahla respondió este viernes a la denuncia presentada por la concejala Ana González contra cinco funcionarios municipales, una acusación que pone bajo la lupa contrataciones por $2.700 millones. La pulseada, entre reproches y réplicas públicas, se trasladó también al Concejo Deliberante, con advertencias sobre posibles consecuencias políticas y judiciales.
La respuesta de la intendenta
Tras un encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno, Chahla afirmó que su equipo pondrá a disposición de la Justicia toda la documentación solicitada y negó tener reparos en colaborar con la investigación. Rechazó además que la iniciativa de la concejala refleje una mala fe hacia su gestión y sostuvo que prefiere concentrarse en la gestión municipal.
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“Mi prioridad es la gestión, los resultados y los vecinos”, dijo la intendenta al ser consultada por la causa, y evitó entrar en mayores polémicas sobre el contenido de la denuncia.
La réplica de la denunciante
Por su parte, Ana González respondió en redes sociales con una crítica dirigida al entorno familiar de la jefa comunal. En su publicación vinculó la controversia con el círculo íntimo de Chahla, y apuntó específicamente hacia su esposo, Marcelo San Pedro.
Reacciones en el Concejo
La controversia generó intercambios fuertes en el cuerpo parlamentario local. El concejal Carlos Ale cuestionó la reacción de la intendenta y señaló que, en su opinión, en lugar de alentar las investigaciones se optó por desacreditar a quienes presentaron la denuncia.
Desde el oficialismo, Emiliano Vargas Aignasse rechazó las críticas opositoras y habló de una “puesta en escena” por parte de quienes cuestionan las contrataciones, recordando votaciones previas durante gestiones anteriores. Su par Facundo Vargas Aignasse defendió la gestión municipal y enumeró avances en servicios y limpieza urbana como parte de la respuesta política.
- Quién denunció: Ana González (PJS), concejala.
- Acusados: cinco funcionarios del gabinete municipal.
- Objeto de la denuncia: supuestas contrataciones directas por $2.700 millones.
- Respuesta oficial: Chahla ofreció entregar documentación a la Justicia y evitó profundizar el conflicto público.
- Repercusiones: críticas cruzadas en el Concejo y tensiones entre oficialismo y oposición.
El caso plantea dos frentes claros: la investigación judicial que deberá evaluar pruebas y procedimientos, y la dimensión política que puede influir en la agenda municipal y en la percepción pública sobre transparencia. Por ahora, los pasos formales —la presentación de documentación y el eventual avance de la causa— serán determinantes para dirimir responsabilidades.
Mientras tanto, el Ejecutivo local insiste en mantener el ritmo de trabajo en los barrios y apela a que la discusión no desvíe la gestión cotidiana, en tanto la denuncia sigue su curso ante la Justicia.
