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Responsables de varias áreas del Tribunal de Cuentas provincial rechazaron el pedido de enjuiciamiento político contra su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y lo calificaron como una acción basada en datos insuficientes. El enfrentamiento llega en un momento clave para la credibilidad del órgano de control y podría influir en cómo la Legislatura evalúa la rendición de cuentas pública.
Las manifestaciones formales provinieron de jefaturas de la Secretaría General, la Prosecretaría General, los departamentos de Ingenieros Fiscales y Contadores Fiscales, y la Asesoría Jurídica. En su presentación, calificaron la acusación como una construcción apoyada en versiones no verificadas y en interpretaciones parciales del expediente.
Qué denuncian los autores de la presentación
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Miguel Chaibén Terraf recibe apoyo clave de jefes de área del Tribunal de Cuentas
El pedido para iniciar un juicio político fue presentado por los periodistas Roque Galeano, Martín Faciano y Mauricio Formoso ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura. Según la denuncia, existe mal desempeño y un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en el tratamiento de la obra del establecimiento “San José Gabriel del Rosario Brochero”.
Ante ese planteo, los jefes del Tribunal sostuvieron que, en los hechos, no hubo omisión en las tareas de control sobre la obra en cuestión y cuestionaron la interpretación del expediente por parte de los denunciantes.
La defensa del Tribunal y sus argumentos principales
En su réplica, los responsables señalaron varios puntos que, a su juicio, desvirtúan la denuncia: que se confunden distintos tipos de control, que se atribuyen decisiones ajenas al Tribunal y que se presenta como resuelto un pago que aún no fue aprobado.
- Control preventivo vs. control posterior: según el Tribunal, la denuncia mezcla conceptos distintos de fiscalización.
- Actos atribuidos a terceros: se afirma que se endilgan decisiones propias del Poder Ejecutivo al organismo de control.
- Pago no aprobado: se reclama que la acusación da por hecho un desembolso que el expediente aún no consigna como autorizado.
- Fuentes y verificación: lamentaron el uso de fuentes anónimas y afirmaciones en modo potencial en lugar de hechos comprobables.
Los firmantes alertaron además sobre lo que describieron como una campaña sostenida de desinformación que afectaría la imagen institucional del Tribunal. Acentuaron que la apertura a la crítica pública es necesaria, pero pidieron que ésta se base en datos verificables y lecturas completas del expediente.
La controversia tiene implicaciones concretas: de prosperar el pedido en la Comisión de Juicio Político, podría iniciarse un proceso que, además de poner en cuestión la gestión de Chaibén Terraf, tensionaría la relación entre el Tribunal y el Ejecutivo provincial. Si la Legislatura decide avanzar, la reputación del órgano de control y la percepción pública sobre la transparencia administrativa estarán en juego.
Por ahora, la causa seguirá su curso en la comisión legislativa. Los pasos siguientes incluyen el análisis del expediente por parte de los legisladores y la posibilidad de audiencias o pedidos de pruebas adicionales. Mantener la documentación pública y la exigencia de fuentes verificables serán claves para la resolución del conflicto.
