PJ respalda a Rossana Chahla: denuncia complica a funcionarios municipales

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El bloque peronista del Concejo Deliberante emitió un respaldo público a la gestión municipal de Rossana Chahla después de que se presentara una denuncia penal contra cinco funcionarios del gabinete. El episodio suma tensión política y plantea debates sobre transparencia, contratación en emergencia y el uso de la vía judicial con fines públicos o mediáticos.

La defensa oficialista

La bancada Peronismo de la Capital, liderada por Ernesto Nagle, calificó la denuncia impulsada por la concejala Ana González (Partido por la Justicia Social) como una maniobra destinada a “desprestigiar” la gestión. Fuentes del bloque sostienen que la iniciativa responde más a una búsqueda de repercusión mediática que a un fundamento jurídico sólido.

En el comunicado conjunto, los concejales subrayaron que la administración municipal está sujeta a auditorías continuas y procesos de mejora. Aducen que la gestión ha recibido reconocimientos de organismos como Bloomberg Philanthropies y la Red de Innovación Local, y que cumple normas técnicas de organismos como IRAM.

  • Firmantes del comunicado: Ernesto Nagle; Fernando Juri (presidente del Concejo); José María Franco; Hugo Andina Lizárraga; Emiliano Vargas Aignasse; Facundo Vargas Aignasse; Eduardo Molina; Gonzalo Carrillo Leito.

Argumentos de los ediles y voces individuales

Varios concejales, además del pronunciamiento colectivo, emitieron declaraciones personales. Nagle criticó a González por adoptar una postura que, dijo, prioriza la exposición mediática sobre la gestión pública. Carrillo Leito defendió las contrataciones que motivan la denuncia, enmarcándolas en medidas adoptadas ante la emergencia ambiental, y sostuvo que la actual administración afronta consecuencias por deficiencias previas.

El concejal Cristian Abel (Acción Vecinal) coincidió en calificar la acción como una “operación política” orientada a socavar la imagen del gobierno local. Por su parte, el ex edil y ahora secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, pidió cautela y reclamó que la causa se investigue con rigor para evitar especulaciones.

Transparencia y herramientas señaladas por el oficialismo

Como respuesta a las imputaciones, el bloque oficialista destacó mecanismos de publicidad y control que, según sostienen, prueban la voluntad de transparencia del municipio:

  • Portal de datos abiertos
  • Boletín Oficial digital
  • Publicación periódica de información institucional
  • Auditorías y certificaciones externas

Qué está en juego

La controversia tiene consecuencias prácticas: pone en discusión la forma en que se gestionan contrataciones en situaciones de emergencia, la credibilidad de los controles municipales y la relación entre denuncia judicial y dinámica política local. También puede repercutir en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Concejo para priorizar el interés público frente a disputas partidarias.

La causa ahora seguirá su curso en la vía judicial. Mientras tanto, el debate público continúa entre quienes piden que se aclare con prontitud cada señalamiento y quienes advierten contra la utilización de procesos legales como herramienta de exposición política.

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