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Una auditoría interna del PAMI detectó un patrón sistemático de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se repite en varias provincias y que ya genera causas judiciales. El informe apunta a prácticas que consumen recursos públicos y exponen a afiliados a cobros indebidos: por eso la pesquisa tiene relevancia inmediata para la salud y el bolsillo de jubilados y pensionados.
Qué reveló el informe
La investigación combinó cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) con auditorías sobre la documentación clínica y las facturas. Los hallazgos no son incidentes aislados: se identificaron mecanismos repetidos entre profesionales, ópticas y centros oftalmológicos en distritos como Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y en ciudades como Concordia.
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Entre las irregularidades más frecuentes figuran la sobrefacturación de armazones y lentes —recetar graduaciones bajas y facturar módulos de mayor precio— y la existencia de prestaciones fantasma, es decir, órdenes sin historia clínica ni estudios que las respalden.
Maniobras y consecuencias económicas
Según el relevamiento, se facturaron prestaciones cuyo costo declarado multiplicaba por hasta cinco el valor real del producto entregado a la persona afiliada. En la práctica, mientras el jubilado recibía lentes de bajo costo, PAMI abonaba importes muy superiores. Algunos ejemplos del informe muestran rangos de facturación que van desde montos modestos hasta cifras que alcanzaron tasas altísimas por prestación.
El informe también detalla otras estrategias para inflar pagos: convertir primeras consultas en controles —con mayor tarifa— y manipular códigos de prestación. En paralelo, se documentaron cobros directos a afiliados por lentes “premium” fuera de cobertura, aun cuando el producto básico se cargaba al instituto, configurando una doble vía de ingreso.
Casos provinciales (resumen)
| Jurisdicción | Hechos señalados | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Santiago del Estero | Óptica y sociedad comercial con numerosos casos de sobrefacturación | ≈ $10,4 millones |
| Mar del Plata (Bs. As.) | Centro oftalmológico con prestaciones sin historia clínica y cobros indebidos | Varios expedientes en instrucción |
| Entre Ríos | Profesional con centenares de facturaciones sospechosas y recetas incompletas | 613 casos detectados |
| Concordia | Alta concentración de órdenes asociadas a un solo médico | 830 casos |
Fiscalías y causas penales
Las denuncias derivadas de la auditoría alimentaron al menos seis expedientes en la Justicia Federal. Uno de los procesos más avanzados se tramita en Rafaela, donde el fiscal Jorge Gustavo Onel solicitó elevar a juicio una causa contra un médico y una empresa farmacéutica por presunta defraudación a la administración pública. En ese expediente se detectaron centenas de recetas apócrifas extendidas a nombre de jubilados.
Los juzgados también investigan la falsificación de consultas, la manipulación de datos personales y la facturación de prestaciones que nunca se realizaron.
Volúmenes incompatibles y señales de alarma
Los auditores subrayaron registros de actividad médica que resultan inviables en la práctica: por ejemplo, decenas de procedimientos informados en pocas horas o cientos de órdenes emitidas en un solo día, cifras que ponen en cuestión la veracidad de la atención declarada.
- 283 prácticas en cinco horas en un caso registrado en gastroenterología.
- 689 órdenes en una jornada en un servicio de cardiología, según el cruce de datos.
Respuesta institucional y medidas
La auditoría forma parte de un plan de saneamiento promovido por la actual conducción del PAMI, encabezada por Esteban Leguízamo. Desde la gestión sostienen que, al asumir, encontraron problemas estructurales que incluían la comercialización de recetas falsas y un ciberataque que afectó los datos de millones de afiliados.
Como respuesta, el organismo reforzó controles con monitoreo continuo, trazabilidad digital de órdenes, mecanismos de validación de identidad y sanciones automáticas ante irregularidades. Fuentes oficiales insisten en que la línea de trabajo busca investigar y denunciar prácticas ilícitas.
Qué implica para los afiliados
Estos hallazgos tienen efectos directos: consumo ineficiente de fondos públicos, riesgo de pagar por prestaciones no recibidas y pérdida de confianza en el sistema. Para protegerse, los especialistas sugieren verificar siempre la documentación entregada, exigir constancia de la historia clínica y denunciar cobros indebidos ante PAMI o la fiscalía si se detectan anomalías.
- Compruebe que la receta y la orden correspondan con la prestación recibida.
- Solicite la historia clínica o un comprobante detallado del servicio.
- Reporte irregularidades en los canales oficiales del PAMI o a la Unidad Fiscal especializada.
La investigación continúa en diversas instancias judiciales y administrativas. Más allá de los procedimientos penales, el caso plantea un desafío de control y transparencia en la gestión de prestaciones para adultos mayores, y subraya la necesidad de fortalecer salvaguardas que eviten el mal uso de los recursos públicos.
