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La Legislatura de Salta sancionó hoy una reforma electoral que modifica cómo se presentan las listas y cómo se cuentan los votos, con impacto directo sobre la competencia entre fuerzas y la representación territorial de cara a los próximos comicios. La norma, que obtuvo 21 votos a favor y uno en contra, introduce cambios técnicos y políticos que podrían redefinir el mapa electoral provincial.
La iniciativa, conocida como Participación Democrática, mantiene la elección directa del Gobernador y del Vicegobernador por mayoría simple, pero incorpora mecanismos que alteran la lógica de la votación y del escrutinio.
Qué cambia en la práctica
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Los ejes centrales de la reforma son una combinación de reglas de presentación de candidaturas, modificaciones en el recuento y ajustes en la boleta electrónica. Sus principales disposiciones son:
- Acumulación de votos internos: en alianzas con varias listas, los votos obtenidos por distintos postulantes dentro del mismo espacio se sumarán y beneficiarán al candidato más votado de ese frente, un esquema cercano a la denominada Ley de Lemas.
- Presencia territorial obligatoria: para competir por la Gobernación, un frente deberá presentar listas en al menos 15 de los 23 departamentos de la provincia.
- Limitación de sublistas: los frentes podrán registrar hasta cuatro listas internas; los partidos que compiten por sí mismos, hasta dos.
- Fin de las PASO y reasignación de recursos: la ley suprime las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, con el argumento de destinar esos fondos a emergencias sociales.
- Cambios en la Boleta Única Electrónica: la pantalla priorizará la imagen y el número de lista, reservando la franja inferior para nombres y símbolos, con el objetivo declarado de facilitar la identificación del candidato.
- Escrutinio definitivo manual: la norma obliga a abrir el 100% de las urnas y a realizar un recuento boleta por boleta para cotejar el registro impreso con los fiscales, buscando auditar el soporte físico del voto electrónico.
Los promotores definen estos ajustes como una modernización del sistema y una garantía de que la votación refleje acuerdos territoriales y de gestión. El senador Juan Cruz Curá sostuvo que la modificación es necesaria para reforzar la presencia en el interior provincial y mejorar la representatividad.
En la discusión pública el senador Dani Nolasco resaltó que la exigencia de listas en 15 departamentos impide candidaturas centradas solo en la capital y consideró que la eliminación de las PASO permitirá destinar recursos a prioridades sociales en un contexto de ajuste financiero nacional.
Voz crítica y riesgos señalados
El único voto en contra correspondió al legislador Roque Cornejo, que calificó el paquete como arbitrario y sostuvo que la acumulación de votos podría chocar con la Constitución al alterar el principio del voto directo para intendentes y concejales.
Desde el ámbito académico, el politólogo Franco Galeano advirtió que las reglas favorecen la consolidación de maquinarias políticas y ponen en riesgo la alternancia. Galeano mencionó ejemplos provinciales donde sistemas similares derivaron en hegemonías prolongadas y advirtió sobre la confusión del electorado: un votante podría apoyar a un candidato y, por la suma interna, terminar favoreciendo a otro con diferente orientación.
El especialista hizo además referencia a la idea general de que la democracia exige alternancia —aludiendo a trabajos sobre el tema— y afirmó que las reformas deben evaluarse por su impacto en la institucionalidad y en los controles del poder.
Consecuencias prácticas e incertidumbres
Más allá del debate político, la ley introduce novedades que tendrán efectos concretos en la campaña y en la jornada electoral. Entre los puntos a observar en los próximos meses:
- Las alianzas deberán reconfigurar estrategias internas para saber a quién priorizará la suma de votos.
- La exigencia de presencia territorial obligará a movilizar estructuras locales y a ampliar el contacto con el interior.
- La eliminación de las PASO cambiará calendarios y distribuciones de recursos de campaña.
- La obligación de abrir todas las urnas en el escrutinio definitivo eleva la logística y el costo del conteo, pero busca mayor trazabilidad del voto.
También existen dudas legales pendientes: varias voces anticipan posibles impugnaciones judiciales por vulneración de principios constitucionales, y los tribunales serán clave para determinar si los cambios resisten controles de constitucionalidad.
En definitiva, la sanción consolidó una nueva arquitectura electoral en Salta que, según sus defensores, fortalece la representación territorial y la transparencia; según sus críticos, facilita la consolidación del poder y complica la lectura del voto por parte del ciudadano. La verdadera dimensión de esos efectos se conocerá cuando se apliquen en la próxima contienda provincial.
