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La Casa Rosada restablece este lunes el acceso del equipo de cronistas acreditados, poniendo fin a una semana en la que la prensa no pudo ingresar a Balcarce 50. La reapertura llega justo antes del feriado del 1° de Mayo y en un momento en que la figura del vocero del Gobierno está bajo creciente escrutinio judicial y mediático.
La decisión del Ejecutivo se presentó como una apertura voluntaria, tras evaluar que era preferible volver a habilitar el espacio antes que esperar una resolución judicial que obligara a hacerlo. El movimiento tiene impacto inmediato en la relación entre el Gobierno y los medios y en la percepción pública de la transparencia institucional.
Vuelven las conferencias en la sede presidencial
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A partir de las 11, el encargado de prensa y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará la rueda de prensa cotidiana en la propia residencia presidencial. Su regreso al contacto directo con los periodistas coincide con un momento de mayor exposición: además de su función política, enfrenta investigaciones que obligan a revisar su patrimonio y movimientos financieros.
Durante los días de cierre, los cronistas debieron cubrir la actividad oficial desde cafeterías y espacios públicos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, tras la desactivación de los accesos biométricos a pedido de la Secretaría de Comunicación.
Origen del conflicto
El bloqueo de la sala de prensa comenzó el jueves último y fue justificado por la Secretaría General bajo motivos de “seguridad nacional”. El desencadenante fue una denuncia de la Casa Militar contra dos reporteros del canal TN, a raíz de la difusión de imágenes tomadas en áreas internas del edificio.
Como respuesta inmediata, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, ordenó la eliminación de los registros dactilares de los acreditados, lo que impidió el ingreso habitual de los periodistas a la sede presidencial durante varios días.
Novedades en la causa contra Adorni
En paralelo a la reapertura, la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni mostró avances. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ha reunido documentos y testimonios que, según fuentes judiciales, apuntan a discrepancias entre ingresos declarados y gastos observados en viajes, compras en efectivo y adquisición de inmuebles.
Este mismo lunes está prevista la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la propiedad que la familia Adorni compró en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. La fiscalía solicitó facturas, presupuestos y contratos vinculados a las obras para establecer el origen de los fondos que habrían pagado las reformas.
Adorni, por su parte, ha mantenido una postura de defensa pública limitada: ha dicho que puede justificar sus movimientos y que ofrecerá explicaciones ante la Justicia, no ante los medios. Ese silencio ante los periodistas contrasta con su habitual rol de portavoz del Ejecutivo.
Repercusiones y críticas
La restricción al trabajo de los acreditados generó rechazo de entidades del sector, entre ellas Adepa y FOPEA, además de pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil y de referentes de la Iglesia. El malestar se centró en la falta de notificación previa y en la decisión administrativa de limitar el acceso a la información pública.
- Qué cambió hoy: reapertura voluntaria de la sala de prensa en Balcarce 50 y regreso de conferencias diarias.
- Motivo inicial: denuncia de la Casa Militar por difusión de imágenes internas y sospecha de espionaje.
- Acción administrativa: eliminación de registros dactilares que impidió el ingreso de cronistas.
- Situación legal: la fiscalía investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a gastos en efectivo, viajes y obras.
- Próximo paso judicial: testimonio del contratista Matías Tabar sobre las refacciones en la propiedad familiar.
La secuencia deja en evidencia dos tensiones simultáneas: la disputa por el acceso de la prensa a la información pública y la presión que generan las investigaciones judiciales sobre funcionarios en puestos de máxima visibilidad. Para los ciudadanos, la cuestión tiene implicaciones prácticas: afecta la transparencia en la comunicación oficial y la forma en que se esclarecen posibles irregularidades en la gestión pública.
En las próximas horas será clave observar cómo evoluciona la rueda de prensa y si el Gobierno aporta documentación o respuestas que apacigüen la sospecha; igualmente, el avance del proceso judicial determinará el curso político de la figura de Adorni y la capacidad del Ejecutivo para gestionar la agenda informativa.
