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El Ejecutivo oficializó hoy el nuevo régimen de incentivos a la formalización laboral tras el levantamiento de una medida cautelar: el RIFL quedó vigente mediante el Decreto 315/2026, que ofrece una reducción en las contribuciones patronales por hasta cuatro años a empleadores que registren a trabajadores fuera del sistema. La decisión llega en un momento clave para el mercado laboral y la recaudación estatal.
La firma del decreto corresponde al presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo. La medida avanza después de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo dejara sin efecto la cautelar que paralizaba la reforma y validara 83 artículos esenciales de la normativa.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Incentivo para formalizar trabajadores: gobierno fija reglamento y alivia aportes patronales
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- Personas que no tenían empleo registrado al 10 de diciembre de 2025.
- Desempleados durante los seis meses anteriores a la contratación.
- Ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia privada en los últimos seis meses.
- Ex empleados del sector público (nacional, provincial o municipal) que hayan cesado sus funciones hace más de seis meses.
Los empleadores interesados deben estar registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y formalizar los contratos dentro del plazo establecido por la norma. El régimen está pensado para incentivar la incorporación de trabajadores fuera del mercado formal, aunque incluye límites en la cantidad de contratos que pueden acogerse al beneficio.
Plazos, alcance y límites
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Vigencia de inscripciones | Contratos entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 |
| Duración del beneficio | Reducción de las contribuciones patronales por hasta cuatro años |
| Requisito para empleadores | Inscripción activa en ARCA |
| Tope por empresa | Las incorporaciones amparadas no pueden representar más del 80% de la nómina total |
La norma establece condiciones administrativas y controles para evitar usos indebidos. Las empresas que pretendan beneficiarse deberán conservar documentación que acredite el estado previo de los trabajadores y cumplir con las obligaciones registrales.
Para los trabajadores, el régimen significa acceso a cobertura social y aportes formales; para los empleadores, una reducción del costo laboral a corto y mediano plazo. Sin embargo, el alcance real del programa dependerá de la adhesión empresarial y de la implementación operativa por parte de las autoridades encargadas.
Los próximos pasos incluyen la publicación completa del decreto en el Boletín Oficial y la puesta en marcha de los procedimientos administrativos de ARCA para inscripciones y controles. Las empresas que planeen aprovechar el incentivo deben revisar sus procesos de contratación y registro con antelación a la apertura del período de inscripción.
