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Un nuevo escrito judicial eleva la tensión en la UNT: los representantes de dos decanos reclamaron al juez que resuelva de inmediato si el actual rector puede postularse a un tercer mandato, justo cuando se abrió el período de inscripciones. La decisión, dicen, es urgente porque la tramitación de candidaturas ya está en marcha y puede definir de hecho el rumbo de la elección.
Gonzalo Casas, apoderado de los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, presentó un pedido para que el juez federal Guillermo Díaz Martínez dicte sin más demora tanto la medida cautelar como la sentencia de fondo, siguiendo la línea que el magistrado dejó entrever en resoluciones anteriores.
El núcleo del planteo apunta a que la Universidad Nacional de Tucumán impida la admisión de fórmulas integrada por quienes hayan completado ya dos mandatos consecutivos, amparándose en los artículos 17 y 190 del Estatuto. Según Casas, la cautelar buscada pretende prohibir la recepción, tramitación y oficialización de candidaturas que, a su juicio, contravienen esa normativa.
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UNT necesita fallo urgente para habilitar inscripción de candidatos
Por qué importa ahora
La urgencia se explica porque los plazos electorales ya están corriendo: la Secretaría Electoral comenzó a recibir inscripciones y la posibilidad de que se ingrese una candidatura del actual rector es real y próxima. Hoy, los decanos Cabrera y Abdala formalizaron su postulación a rectorado y vicerrectorado, respectivamente.
Para el apoderado, la demora judicial permitiría que se consume un acto —la oficialización de una lista— que luego sería difícil o imposible de revertir, dejando sin efecto práctico la tutela que solicita el expediente.
Posiciones en juego
La Universidad, representada por su apoderado Jorge Chehín, defiende que todavía no existe un caso concreto ni una incertidumbre jurídica que justifique la intervención del fuero federal en esta fase. En contraste, la presentación de Casas subraya la necesidad de una respuesta acordada y rápida para preservar la eficacia de la tutela judicial.
El propio juez Díaz Martínez anticipó que está dispuesto a resolver el fondo y la cautelar en un mismo acto, porque considera que no es preciso producir prueba adicional. Esa fórmula, si se confirma, aceleraría la definición y reduciría la ventana para nuevas maniobras electorales.
- Para las candidaturas: una resolución favorable a los decanos impediría la inscripción de listas que, según la interpretación demandante, violen el Estatuto.
- Para el electorado universitario: la decisión condicionará la legitimidad del proceso y la validez de cualquier eventual mandato.
- Para la administración universitaria: podría significar la obligación de revisar actas y trámites ya iniciados.
- Para el sistema judicial: la resolución servirá como antecedente sobre la intervención judicial en controversias internas de universidades públicas.
El escrito también invoca la tutela judicial efectiva, insistiendo en que el derecho de acceso a la justicia exige no solo la posibilidad de abrir una causa sino una respuesta oportuna que evite que los hechos se consoliden antes del pronunciamiento judicial.
En el centro del debate sigue la figura de Sergio Pagani, el rector en ejercicio, quien no ha confirmado públicamente si competirá por un tercer mandato. La resolución que adopte el juez federal no solo aclarará la interpretación del Estatuto en relación con los límites a la reelección, sino que también fijará el calendario práctico de la contienda interna.
Qué puede resolverse y sus efectos
Las alternativas judiciales son, en términos generales, cuatro: conceder la cautelar y fallar el fondo a favor de los decanos; conceder la cautelar y mantener el debate sobre el fondo; rechazar la intervención; o postergar la resolución. Cada opción tiene consecuencias distintas sobre la admisión de listas, la validez de actos administrativos y la posibilidad de impugnaciones posteriores.
La comunidad universitaria seguirá de cerca el trámite, porque el fallo definirá no solo quiénes pueden competir ahora, sino también la percepción de transparencia y equidad del proceso electoral.
