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Una ola de amenazas que circula como reto viral obligó esta semana a cerrar la normalidad en muchas escuelas de Mendoza: más de un centenar de colegios recibieron mensajes que alertaban sobre supuestos tiroteos y eso llevó a medidas extraordinarias de seguridad y a actuaciones judiciales. La situación, que ya generó imputaciones y alto ausentismo, plantea preguntas sobre la respuesta educativa y legal frente a imitaciones peligrosas en redes sociales.
El impacto fue inmediato. El viernes y el lunes siguientes la asistencia en los niveles medios cayó drásticamente: en algunos secundarios excedió el 60% de ausentismo, según registros de las escuelas. Autoridades y docentes describen que muchos alumnos acuerdan no concurrir y que los padres, preocupados, consienten esa decisión.
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Las amenazas se promovieron a través de plataformas como TikTok, Instagram y Telegram: mensajes intimidantes acompañados de fotos de réplicas de armas o de alumnos portando objetos que simulaban pistolas. En varios casos quienes publicaron las imágenes llamaron a otros a repetir la acción, lo que aceleró la difusión.
Ante la magnitud del fenómeno —más de 100 instituciones afectadas— la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio Público Fiscal activaron procedimientos penales y de protección escolar. Hasta ahora hay tres personas imputadas; dos de ellas son menores de edad. Entre los casos instruidos figuran un joven de 17 años que llevó una réplica a clase y otro de 16 que difundió la foto en redes. En uno de los expedientes también se investiga a la madre por presunta instigación.
“Hemos identificado a más estudiantes vinculados con estas publicaciones; se esperan nuevas imputaciones y sanciones a las familias como responsables”, informó la jefatura de gabinete de la DGE, en referencia a la continuidad de las investigaciones.
Medidas adoptadas en las escuelas
Frente a la alarma, la provincia implementó varias medidas inmediatas para proteger a la comunidad educativa y contener el fenómeno.
- Consigna policial en las escuelas que recibieron amenazas: personal de seguridad permanece frente a las instituciones para intervenir ante cualquier incidente.
- Prohibición de mochilas en todos los secundarios hasta nuevo aviso; útiles y cartucheras deberán portarse a mano. Para viandas o ropa de cambio se sugirió el uso de bolsas transparentes.
- Protocolos de actuación: docentes deben comunicar cualquier aviso sospechoso al 911; intervienen luego el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.
Las decisiones han generado críticas y preocupación entre familias por la logística diaria y por el efecto emocional en los alumnos: autoridades reconocen casos de ansiedad y ataques de pánico entre estudiantes que ahora rehúsan asistir.
Implicaciones legales y responsabilidad parental
Además de las causas penales por intimidación pública, la provincia recuerda que la normativa civil contempla responsabilidades de los padres por los daños que sus hijos causen. El artículo 1754 del Código Civil de Mendoza establece la responsabilidad solidaria de los progenitores frente a perjuicios originados por menores, lo que abre la puerta a reclamos económicos por los efectos de estas acciones.
El Ministerio Público Fiscal informó que las pesquisas buscan tanto a quienes instigaron las amenazas como a quienes subieron material demostrativo del reto. La intención es desalentar la repetición mediante sanciones penales y administrativas.
Por qué importa ahora
El episodio no es un suceso aislado: se suma a episodios similares reportados en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y el Conurbano bonaerense. Su relevancia inmediata radica en la combinación de riesgo real —réplicas de armas en escuelas— y difusión acelerada por redes, que puede desbordar protocolos si no hay coordinación entre educación, seguridad y justicia.
Para la comunidad educativa, el dilema es doble: garantizar protección física y, al mismo tiempo, atender el impacto psicológico en alumnos y familias. Especialistas en salud mental consultados por instituciones recomiendan medidas de contención y comunicación clara para reducir el temor y evitar la propagación del pánico.
Resumen de medidas y consecuencias
- Policía en las escuelas amenazadas
- Prohibición de mochilas en secundarios; bolsas transparentes para viandas
- Denuncia inmediata al 911 y actuación del Ministerio Público Fiscal
- Imputaciones penales por intimidación pública —incluyen menores y, en al menos un caso, a un adulto por instigación—
- Posible exigencia de reparación económica a las familias según el Código Civil local
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en la necesidad de que la comunidad educativa notifique cualquier amenaza y evite difundir imágenes o mensajes que puedan amplificar el reto. La experiencia en Mendoza muestra que la rapidez en la coordinación institucional y la comunicación clara con las familias son claves para recuperar la normalidad en las escuelas.
