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El reciente acuerdo con Estados Unidos abrió una ventana para modernizar normas clave en la Argentina, con efecto inmediato sobre la capacidad de innovar y competir. La discusión sobre propiedad intelectual ya no es técnica: define qué inversiones llegan y cuánto puede crecer la productividad del país.
Un cambio con impacto en salud
En las últimas semanas, el Ejecutivo dio un paso visible: la Resolución Conjunta 1/2026 dejó sin efecto las pautas de patentabilidad aplicadas a invenciones químico‑farmacéuticas que estaban vigentes desde 2012. Para la investigación biomédica, esa decisión representa mayor coherencia con estándares internacionales y una mayor previsibilidad para desarrollos y ensayos clínicos.
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La modificación no solo afecta a laboratorios y hospitales: facilita el flujo de inversiones y puede acelerar la llegada de nuevas terapias al mercado local, siempre que vaya acompañada de procesos regulatorios claros.
El agro espera pasos concretos
En cambio, el sector agropecuario —que actúa como eje de múltiples cadenas productivas— aún carece de medidas equivalentes. Dos acciones urgentes aparecen como prioritarias: la adhesión a UPOV‑91 y la revisión de los criterios que regulan el patentamiento en biotecnología, normas vigentes desde 2015 que hoy limitan el acceso a ciertas innovaciones.
No se trata solo de proteger invenciones: se trata de dar al campo acceso a semillas mejoradas, insumos y tecnologías que incrementen rendimientos y reduzcan costos, tanto para grandes productores como para pymes y cooperativas.
Si se construyen reglas claras, toda la cadena agroindustrial gana: mayor productividad, más empleo y mejores exportaciones.
La evidencia regional
La comparación con Brasil sirve como advertencia práctica. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la brecha productiva entre ambos países se ha ampliado de forma sostenida en las últimas décadas:
- Años 90: Brasil produjo ~53% más que Argentina en granos (soja, maíz y trigo).
- 2000: la diferencia fue aproximadamente 45%.
- 2010: se elevó a cerca de 82%.
- Década actual: el promedio ronda el 155%; para la campaña 2025/26 se estima una brecha cercana al 147%.
En términos absolutos, hoy Brasil supera los 300 millones de toneladas y Argentina se sitúa alrededor de los 140 millones. Es una señal clara: las trayectorias sostenidas en innovación, adopción tecnológica e inversión rinden resultados cuantificables.
Qué implican estos datos para las políticas públicas
La relación entre propiedad intelectual y productividad es directa. Mejores reglas de protección y acceso al conocimiento impulsan la inversión privada, fomentan asociaciones público‑privadas y aceleran la adopción de tecnologías en campo y en la industria.
A continuación, algunas medidas concretas que podrían acelerar la convergencia con estándares internacionales:
- Aprobar la adhesión a UPOV‑91 para actualizar la protección de variedades vegetales.
- Revisar y actualizar los criterios de patentabilidad en biotecnología.
- Fortalecer la capacidad técnica del Instituto de Propiedad Intelectual para dar resoluciones más predecibles.
- Incentivos fiscales y líneas de crédito para proyectos de I+D en agro y salud.
- Programas de transferencia tecnológica que acerquen soluciones a productores de menor escala.
Implementadas en conjunto, estas medidas no solo impulsan al productor y a las empresas, sino que también aumentan las exportaciones y las divisas del país, reforzando el desarrollo económico a largo plazo.
Volver a competir a la par de nuestros vecinos no es una cuestión de recursos humanos: es una decisión política. Argentina cuenta con talento, capacidad técnica y un sector privado dispuesto a invertir; lo que falta son reglas claras que transformen ese potencial en crecimiento sostenido.
La autora dirige Asuntos Gubernamentales en AmCham Argentina.
