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En los últimos días la pesquisa por el supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se aceleró con resoluciones judiciales, declaraciones y nuevas pistas sobre movimientos financieros. La causa pasó de ser un expediente estático a una investigación activa cuyo desenlace podría clarificar el origen de fondos que permitieron adquisiciones inmobiliarias y viajes internacionales.
El avance interesa porque involucra a un funcionario de alto rango y plantea preguntas sobre transparencia pública: los pasos que tomen los jueces determinarán si las irregularidades detectadas son circunstanciales o constituyen delito.
Medida judicial que dinamizó la causa
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El giro más relevante llegó cuando el juez federal Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La decisión, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, habilita el análisis de movimientos, bienes y cuentas desde enero de 2022, y alcanza además a las sociedades vinculadas a la pareja.
Con ese marco legal abierto, los investigadores podrán cruzar información tributaria y bancaria para reconstruir la trayectoria patrimonial y detectar eventuales inconsistencias.
Una semana con declaraciones, allanamientos y pistas clave
- Lunes: Se intensificó el control sobre los viajes al exterior del funcionario: la fiscalía revisa más de diez salidas internacionales. Se convocó a la escribana que intervino en la operación inmobiliaria y testificó el exfutbolista Hugo Morales, señalado como primer propietario del departamento en disputa.
- Martes: Emergieron indicios de préstamos privados: habría al menos US$100.000 destinados a una compra anterior. Se citaron testigos, entre ellos jubiladas que participaron de las operaciones, y se ordenó el secuestro de registros telefónicos de un allegado relacionado con la operatoria.
- Miércoles: La escribana Adriana Nechevenko declaró que la transferencia del inmueble se planteó en cuotas y sin interés, aunque admitió no conocer el origen de los fondos. Hubo allanamientos en inmobiliarias vinculadas y se mencionó que los préstamos podrían llegar a US$200.000.
- Jueves: Nechevenko amplió su testimonio en tribunales; Pollicita formalizó el pedido para romper el secreto fiscal y bancario, que Lijo finalmente concedió. También aparecieron registros de viajes en primera clase y movimientos peculiares de personas cercanas al funcionario.
- Viernes: La investigación se diversificó hacia obras y gastos en propiedades: se recabaron testimonios del contratista y del encargado en el country Indio Cuá y en el edificio de Caballito, que podrían aportar detalles sobre inversiones y pagos.
En conjunto, esos episodios completan un tablero en el que confluyen operaciones inmobiliarias atípicas, créditos sin interés declarados y erogaciones que todavía no se justifican con claridad.
Qué tienen en común los elementos recabados
Los investigadores buscan trazar una cronología precisa: cuándo y cómo ingresó cada suma de dinero, quiénes fueron los intervinientes y qué relación guardan las sociedades y personas citadas con las adquisiciones. El objetivo es simple enunciativamente pero complejo en la práctica: demostrar si existe un nexo entre los recursos y un eventual delito.
La apertura de las cuentas bancarias y de la documentación fiscal es la clave técnica para validar o refutar las sospechas. De allí saldrán cotejos entre gastos declarados, movimientos financieros y transferencias informales que podrían indicar simulación o lavado.
Posibles próximos pasos procesales
Con la información que surja del cruce de datos, los fiscales podrán decidir si elevan la gravedad de la imputación o si, por el contrario, las inconsistencias se explican por acreditaciones válidas. Entre las medidas esperables figuran pedidos de informes patrimoniales adicionales, nuevas citaciones y pericias contables.
Mientras tanto, la causa seguirá sumando testigos y documentación. La fiscalía ya trabaja en informes técnicos y en cotejos que, según fuentes judiciales, podrían tardar semanas en completarse.
En el plano político, el expediente mantiene atención por su potencial impacto en la gestión del jefe de Gabinete; en lo judicial, marca el tránsito hacia una etapa probatoria más intensa, donde el resultado dependerá de la solidez del cruce de pruebas y de las explicaciones que brinden los involucrados.
Estado de situación:
- Se levantó el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa.
- Se investigan préstamos privados por montos que oscilan entre US$100.000 y US$200.000.
- Hay allanamientos y citaciones a escribanos, expropietarios y contratistas.
- Se examinan operaciones inmobiliarias en Caballito y obras en el country Indio Cuá.
La investigación continúa en marcha y con una fase decisiva por delante: el análisis contable y bancario que, más allá del interés público inmediato, definirá si el expediente avanza hacia una imputación formal o se encamina a un cierre por falta de pruebas.
