Ayer, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), cincuenta profesionales del poder judicial y del ámbito jurídico completaron una diplomatura especializada en genocidio y delitos de lesa humanidad. La clausura puso el foco en la actualización técnica de jueces, fiscales y defensores y en la importancia de incorporar enfoques de derechos humanos en la praxis cotidiana.
La ceremonia de entrega de certificados reunió a autoridades académicas y representantes de distintas instituciones provinciales, que coincidieron en subrayar el valor formativo del posgrado para fortalecer la respuesta judicial ante crímenes internacionales y violaciones masivas de derechos.
El acto fue presidido por autoridades de la Facultad de Derecho y de la Secretaría de Posgrado. Entre los miembros del equipo académico destacaron el vicedecano, Horacio Madkur, y el director del posgrado, Daniel Posse, junto al coordinador académico, Hugo Navas, y la coordinadora ejecutiva, María Laura Basbus.
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La diplomatura, que atrajo a magistrados, fiscales, abogados y otros operadores jurídicos de la provincia, se presenta como una herramienta de especialización que busca aportar criterios técnicos y perspectivas actualizadas en materia de crímenes de lesa humanidad.
- Participantes clave:
- Alberto López Domínguez — presidente del Colegio de Abogados de Tucumán
- Diego Vals — presidente del Colegio de Abogados del Sur
- Pablo Reinoso — presidente del Colegio de Procuradores
- Juan Carlos Guiringuelli — vicepresidente de la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán
- José Esper — tesorero de la Caja de Abogados y Procuradores
- Representantes de la comunidad y organismos:
- Alejandro Azaretzky — presidente de DAIA Tucumán
- Naum Alperovich — secretario de DAIA
- Leonardo Ploper — miembro del Consejo Directivo de Kehilá Tucumán
- Pablo Vega Coronel — vicesecretario de Derechos Humanos de la Provincia
- Raúl Albarracín — secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán
- Adela Seguí — directora académica de la Escuela Judicial del CAM
- Fernando Valdez — consejero superior de la UNT
Además de la entrega de diplomas, la actividad sirvió como espacio de encuentro entre distintas instancias del sistema de justicia y organizaciones civiles. La presencia de colegios profesionales y entidades de la comunidad refleja el interés público por fortalecer capacidades técnicas frente a casos de gran complejidad jurisdiccional.
Desde la organización, el cuerpo académico de la diplomatura quedó conformado oficialmente por Daniel Posse como director académico, Hugo Navas como coordinador académico y María Laura Basbus en la coordinación ejecutiva, quienes supervisaron los contenidos y la metodología del posgrado.
La formación, destinada a operadores legales de la provincia, busca traducir marcos teóricos y normativos en herramientas prácticas para la investigación y juzgamiento de delitos graves. Para los asistentes, la actualización profesional pretende mejorar la calidad de las investigaciones y la protección de víctimas.
En un contexto donde la memoria y la justicia constitucional continúan siendo temas de debate público, iniciativas como esta diplomatura amplían la capacidad institucional para abordar casos complejos y contribuyen a una jurisprudencia más informada sobre crímenes de lesa humanidad.
