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La firma de financiación legal Burford anunció que evaluará nuevas vías tras la revocación parcial del fallo a favor de los demandantes en el caso de la estatización de YPF. La resolución del Segundo Circuito dejó en suspenso el pago por US$16.100 millones y reaviva el debate sobre la protección de inversores extranjeros en mercados como la NYSE.
La decisión importa hoy porque condiciona la confianza de los tenedores de ADR y define si las promesas corporativas vinculadas a la cotización en Estados Unidos pueden ejecutarse ante tribunales norteamericanos. Burford advierte que la eliminación de ese recurso abre la puerta a alternativas internacionales.
Qué apuntó Burford sobre el fallo
En un comunicado, la compañía explicó que el panel del Segundo Circuito reconoció que la República Argentina había violado los estatutos de YPF y las garantías ofrecidas a los accionistas, pero determinó que esas obligaciones no podían ser exigidas en tribunales de EE. UU. La postura del fondo enfatiza una contradicción: admisión de incumplimiento por parte de Argentina, junto con la imposibilidad práctica de reclamar por esa vía en Estados Unidos.
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El impacto en el mercado fue inmediato: las acciones de Burford sufrieron una caída superior al 40% tras conocerse la decisión. La firma también anticipó una provisión por pérdida parcial de activos, aunque subrayó que su actividad principal permanece sólida.
- Reconocimiento de incumplimiento: el tribunal no negó que Argentina vulneró los estatutos de YPF.
- Promesas a inversores: el fallo admite que el gobierno había garantizado protecciones y una oferta pública para minoritarios.
- Relevancia para la NYSE: los compromisos fueron diseñados para tranquilizar a inversores, muchos con residencia en EE. UU.
- Ligazón con la expropiación: el Tribunal consideró que las reclamaciones debían haberse ventilado en el proceso argentino de compensación por expropiación.
- Riesgo para la inversión extranjera: Burford advierte que la resolución podría debilitar la percepción de seguridad jurídica para capital extranjero en Argentina.
La firma también resaltó la existencia de una disidencia que hubiera confirmado la sentencia de primera instancia y protegido a los accionistas minoritarios, una postura opuesta a la de la mayoría del panel.
Consecuencias prácticas
Para inversores y abogados la lectura es clara: aunque el tribunal reconoce irregularidades, la vía estadounidense se complica. El fallo exculpó además a YPF en gran medida en relación con la estatización, y dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar US$16.100 millones.
Quienes financiaron la demanda —Petersen y Eton Park, con apoyo de Burford— ahora evalúan los recursos que permiten la ley procesal y los tratados internacionales.
| Ruta legal | Plazo aproximado | Ventaja / Riesgo |
|---|---|---|
| Revisión en pleno (en banc) del Segundo Circuito | Presentación en 14 días | Puede revertir la decisión, pero es poco frecuente que se conceda. |
| Petición a la Corte Suprema de EE. UU. | Meses a años | Alcance limitado; aceptar el caso es excepcional. |
| Arbitraje internacional (Ciadi / tratado) | Varias décadas en resolución completa | Ruta alternativa fuera de tribunales estadounidenses; historial mixto pero con victorias previas contra Argentina. |
Próximos pasos y probabilidad de recursos
Burford estima que los demandantes probablemente pedirán la revisión en pleno del Segundo Circuito —una solicitud que debe presentarse en las próximas dos semanas— y, si no prospera, consideran elevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos o iniciar un arbitraje bajo un tratado de protección de inversiones, modalidad en la que la República ha enfrentado derrotas importantes en el pasado.
Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, expresó su desazón por el fallo y recordó que la firma siempre advirtió sobre los riesgos de litigar en EE. UU. Aun así, afirmó que el arbitraje internacional continúa siendo una vía viable y que cuentan con asesoría internacional de primera línea para ese escenario.
Mientras se definen los recursos, Burford mantiene que su negocio central no depende exclusivamente de este expediente y que la compañía reforzó recientemente su capital para sostener futuras inversiones.
En definitiva, la resolución del Segundo Circuito reabre la disputa jurídica en varias jurisdicciones y plantea una pregunta inmediata para los inversores: ¿hasta qué punto pueden confiar en las promesas asociadas a cotizaciones en mercados extranjeros cuando su ejecución depende de interpretaciones legales transfronterizas?
