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La decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender la producción de pruebas en el expediente por la expropiación de YPF introduce una pausa procesal, pero los demandantes aseguran que no cambia su hoja de ruta para intentar cobrar la multimillonaria condena. La resolución añade incertidumbre inmediata sobre los plazos, aunque no anula la sentencia ni frena el acumulo de intereses.
Representantes de los fondos Petersen y Eton Park —cuyos derechos están financiados por Burford Capital— dijeron que la medida del Segundo Circuito solo detiene temporalmente la fase de recopilación de pruebas posterior a la condena, conocida como post-judgment discovery, y no modifica la pretensión de cobro por la que ya existen fallos previos a su favor.
En términos prácticos, la suspensión congela solicitudes dirigidas a localizar y eventualmente embargar activos del Estado argentino en el exterior. Entre los blancos que buscaban los demandantes figuraban cuentas, bienes vinculados a empresas estatales y, en algunos pedidos, activos del Banco Central, incluidas sus reservas de oro.
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La Cámara aclaró que se trata de una medida procesal: la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska sigue vigente y los intereses continúan corriendo, lo que ha elevado el monto reclamado por encima de los US$18.000 millones.
Qué cambia —y qué no— con la suspensión
La resolución no cierra la vía para ejecutar la condena, pero sí paraliza temporalmente las diligencias destinadas a identificar bienes embargables hasta que se resuelva la apelación de fondo. Además, la Cámara puso en espera otros trámites vinculados con la ejecución, como pedidos de sanciones que estaban en curso.
- Alcance de la suspensión: pausa del post-judgment discovery y de ciertos procedimientos accesorios.
- Estado de la sentencia: permanece firme en lo sustantivo; los intereses siguen acumulándose.
- Activos en discusión: cuentas bancarias, bienes de empresas públicas y posibles activos del Banco Central.
- Estrategia de los demandantes: persistir con argumentos que amplíen el universo de bienes embargables, incluyendo la teoría de alter ego.
Los fondos han intentado demostrar que algunas entidades públicas actúan como extensiones del Estado —la llamada doctrina de alter ego— para que empresas estatales y otras dependencias queden sujetas a embargos. Si ese enfoque prospera, aumentaría considerablemente la masa de activos disponibles para ejecutar la sentencia.
Desde la Casa Rosada, la suspensión fue recibida como un signo favorable a la estrategia de defensa argentina y fue calificada por funcionarios como un avance procesal. Los demandantes, sin embargo, subrayan que la resolución es de naturaleza procesal y no prejuzga el fallo de fondo ni su eventual revocación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó la petición argentina para limitar el discovery al advertir que algunas solicitudes podían resultar “excesivamente intrusivas” y plantear fricciones diplomáticas; no obstante, el Gobierno estadounidense se abstuvo de opinar sobre la validez de la condena en sí.
Por qué importa ahora
El caso, que se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012 y culminó en una condena superior a los US$16.000 millones, seguirá generando efectos financieros y políticos hasta que la Cámara decida la apelación. La suspensión del discovery reduce la presión inmediata sobre activos internacionales, pero mantiene la amenaza económica para la Argentina mientras los intereses sigan sumando.
Las próximas decisiones del Segundo Circuito serán determinantes: pueden confirmar la posibilidad de avanzar con las pruebas, restringir su alcance o dejar intacta la condena, con consecuencias muy distintas para las opciones de cobro.
En términos prácticos, el proceso seguirá atento a dos frentes: el jurídico (resolución de la apelación) y el operativo (posibles nuevas solicitudes de pruebas o acuerdos extrajudiciales). Cada resultado tendrá impacto directo en la capacidad de los demandantes para convertir la sentencia en pagos efectivos y en la exposición internacional del Estado argentino.
