Un peritaje forense incorporado recientemente al expediente del caso sobre el lanzamiento de $Libra detectó múltiples copias de un borrador de un presunto convenio fechado el 30 de enero de 2025 en equipos vinculados al empresario cripto Mauricio Novelli. El hallazgo reaviva preguntas sobre la existencia de un acuerdo entre el presidente y un inversor extranjero y obliga a autoridades y querellantes a solicitar aclaraciones oficiales.
El dictamen, elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal (DATIP), forma parte del material que hoy figura en la causa; sin embargo, los anexos técnicos que detallan el contenido y el contexto de esos archivos permanecen bajo reserva en el expediente.
Ante esa evidencia documental, el fiscal Eduardo Taiano pidió a la Presidencia que informe si conoce o posee copias del supuesto acuerdo. En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), actuando como amicus curiae, presentó solicitudes de acceso a la información ante distintos organismos públicos.
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- Qué se encontró: múltiples borradores del texto atribuido a un acuerdo entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, localizados en los dispositivos incautados a Novelli.
- Quiénes fueron peritados: además de Novelli, se analizaron los equipos de Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la causa.
- Qué reclaman las partes: acceso a los anexos reservados, informes a la Casa Rosada y la profundización de la investigación para establecer la existencia, forma y eventual encuadre administrativo del acuerdo.
- Riesgos señalados: Cipce advierte que, si el pacto se celebró fuera de los canales jurídicos oficiales, podría tratarse de un acto “no público” con implicancias legales e internacionales.
Detalles del peritaje y evidencias
El estudio forense combinó extracción lógica y física de datos: se revisaron registros de llamadas, mensajes y actividad en aplicaciones alojadas en los equipos. Los peritos consignaron que las comunicaciones halladas entre Novelli y otros involucrados —incluyendo referencias a Karina Milei y a Hayden Davis— están fechadas y cronologizadas dentro del periodo sujeto a investigación.
El contenido completo de esas conversaciones y los anexos técnicos que describen cómo se obtuvieron y organizaron las pruebas no son públicos aún; los querellantes ya requirieron formalmente su acceso ante el juzgado.
Desde el Cipce, su director ejecutivo, Pedro Biscay, planteó la conveniencia de que el Presidente sea citado a declarar y alertó que la omisión de diligencias podría exponer al Estado frente a compromisos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa institución también criticó la escasa información disponible a poco más de un año del inicio del expediente y la falta de indagatorias formales contra los investigados, pese al material reunido.
Por ahora, la causa seguirá su curso en función de dos movimientos próximos: la decisión judicial sobre el acceso a los anexos reservados y las respuestas oficiales que entregue la Casa Rosada ante el requerimiento del fiscal. Ese cruce determinará si los documentos hallados en los dispositivos son una pieza probatoria central o una línea más de indagación técnica.
Las autoridades judiciales y las partes involucradas tendrán que resolver en las próximas semanas si ampliar medidas probatorias, citar nuevos testigos o avanzar con diligencias de carácter administrativo. La claridad sobre el contenido de los anexos marcará el ritmo y la dimensión política que adopte el asunto.
