Mostrar resumen Ocultar resumen
La legisladora Silvia Elías de Pérez reclamó al Ministerio de Educación información urgente sobre el posible cierre o traslado de la Escuela N.º 346 «Ángel Custodio Bustos», en La Iguana, departamento Graneros. El pedido llega cuando ya empezó el ciclo lectivo y familias, docentes y vecinos siguen sin certezas sobre el futuro del establecimiento.
Qué solicitó al ministerio
En un pedido de informes dirigido a la ministra Susana Montaldo, la parlamentaria exige precisiones institucionales y datos concretos para despejar la incertidumbre que afecta a la comunidad escolar.
Xavi Simons lesionado gravemente: alarma en Países Bajos tras victoria del Tottenham
Raúl Prebisch sigue vigente 40 años después: su legado guía la política económica
- Confirmación sobre la existencia de alguna medida formal de cierre, fusión, traslado o reestructuración del establecimiento.
- Información de la matrícula de los últimos años y proyecciones actuales.
- Resultados de las evaluaciones edilicias realizadas al edificio escolar.
- Impacto previsto sobre el servicio alimentario y otras prestaciones escolares.
- Registro de la participación de la comunidad educativa en cualquier análisis o decisión.
La solicitud busca, además, transparencia en los criterios que se estén considerando y la documentación que respalde cualquier iniciativa administrativa.
Por qué importa ahora
La inquietud no es técnica: cerrar una escuela rural altera la vida de una localidad. Cuando una institución deja de funcionar, las familias pueden verse obligadas a enviar a sus hijos a centros más lejanos, con mayor riesgo de abandono escolar.
Elías de Pérez advirtió que la situación revela falta de comunicación en el área educativa justo al inicio del año lectivo. “No se trata de un trámite administrativo más”, dijo la legisladora al subrayar la dimensión social y territorial de la decisión.
Riesgos para la comunidad
Los efectos concretos que motivan la preocupación incluyen:
- Desplazamientos diarios más largos para los estudiantes.
- Pérdida de un espacio comunitario y de arraigo para las familias.
- Posible reducción o corte del servicio alimentario y otras políticas escolares esenciales.
Además, la desaparición de una escuela puede afectar el tejido socioeconómico local: menor atracción de servicios, desincentivo para fijar residencia y dificultades para la vida rural cotidiana.
Siguientes pasos y expectativa
Con la presentación del pedido de informes, la legisladora busca que el ministerio aclare si hay alguna medida en evaluación y que explique los fundamentos técnicos y sociales detrás de cualquier decisión.
Si el Ejecutivo provincial responde, la información podrá servir para medir alternativas —desde intervenciones edilicias hasta programas de transporte escolar o refuerzo del servicio alimentario— que eviten la pérdida de la escuela y garanticen el derecho a la educación de los niños tucumanos.
Mientras tanto, padres, docentes y vecinos permanecerán a la espera de una resolución oficial que despeje la incertidumbre sobre el destino de la Escuela N.º 346 y su impacto en La Iguana.
