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En las últimas horas, un intento de diálogo entre las fuerzas de seguridad de Santa Fe y sus propios efectivos terminó en tensión en Rosario: el jefe policial, Luis Maldonado, fue increpado y atacado verbalmente durante una reunión con manifestantes. El episodio subraya la fragilidad del conflicto laboral y el impacto directo sobre la seguridad pública en la provincia.
Maldonado llegó a la puerta de la Jefatura para conversar con los agentes que reclaman mejoras salariales y condiciones de trabajo, pero su acercamiento no logró calmar los ánimos. Fue insultado, recibió escupitajos y tuvo que retirarse ante la hostilidad de varios manifestantes y familiares.
Los uniformados mantienen un reclamo central: un sueldo básico de 1.900.000 pesos y la presentación de una oferta formal por escrito. Además, piden respuestas claras sobre cambios en los regímenes laborales que, aseguran, afectan su estabilidad y capacidad operativa.
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Medidas anunciadas por la provincia
El gobierno provincial comunicó esta mañana medidas destinadas a contener el conflicto. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que se darán pasos para dejar sin efecto sanciones aplicadas a efectivos que participaron en las protestas y anunció ajustes salariales para el personal policial y penitenciario.
No obstante, los anuncios todavía no resolvieron el núcleo del reclamo: los manifestantes piden una propuesta escrita y garantías concretas sobre los montos y los plazos. Esa ausencia de certezas mantiene la protesta y sigue sumando adhesiones frente a la Jefatura.
Desde la gobernación, el pedido es claro: que los agentes regresen al servicio y retomen el patrullaje. Los manifestantes, en cambio, reclaman una solución negociada y verificable; hasta que la reciban, la movilización continuará.
Qué está en juego
- Seguridad ciudadana: La prolongación de la protesta afecta la presencia policial en la calle y genera alarma entre los vecinos.
- Relación Gobierno–fuerzas: El hecho de que el propio jefe sea agredido evidencia una ruptura de confianza y complica cualquier negociación inmediata.
- Demandas económicas: La exigencia por un básico de 1.900.000 pesos obliga al Ejecutivo a evaluar cuánto puede absorber el presupuesto y en qué plazos.
- Agenda política: La gestión de Maximiliano Pullaro quedará bajo escrutinio público por la capacidad de resolver el conflicto sin escaladas mayores.
Fuentes oficiales destacan que las sanciones a los agentes «serán revisadas» y que se trabaja para acercar la oferta salarial a la canasta básica que el Indec publica hoy. Aun así, los agentes insisten en la necesidad de un documento firmado que detalle montos y condiciones.
La escena en Rosario —con la Jefatura como epicentro— se volvió un termómetro del problema: más allá de los anuncios, el diálogo sigue frágil y la posibilidad de nuevas tensiones persiste mientras no haya una propuesta escrita y aceptable para las partes.
En los próximos días será clave observar tres puntos: si la gobernación formaliza por escrito las ofertas, si se restablece el servicio de patrullaje en forma sostenida y cómo evoluciona la respuesta social ante la disminución de presencia policial en la vía pública.
