El Senado aprobó una reforma laboral que busca abaratar la contratación formal y ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde podría recibir cambios. La medida introduce incentivos temporales que, de concretarse, modificarían de forma considerable el costo laboral para quienes incorporen nuevos empleados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales la reducción en las cargas patronales destinada a las nuevas contrataciones y subrayó la magnitud del alivio fiscal, mientras desde distintos centros de análisis advierten que el efecto final dependerá de cómo se aplique el régimen y de eventuales ajustes en Diputados.
El paquete incluye dos herramientas centrales: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que tendrá vigencia por un año para nuevas incorporaciones y concede beneficios durante los primeros 48 meses de la relación laboral; y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que actúa sobre las contribuciones al sistema previsional.
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Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cuantifica los efectos esperados sobre las cargas. Según el estudio, para los trabajadores cubiertos por el RIFL las contribuciones patronales podrían bajar de un 27% a un 15% durante cuatro años. En términos del salario bruto, la carga global pasaría del 44% al 32%, y medida sobre el costo total de empleo la incidencia conjunta de aportes y contribuciones descendería del 34,6% al 27,8%.
Por su parte, el FAL produciría reducciones más moderadas en la contribución al SIPA: en grandes empresas la carga sobre el salario bruto se ubicaría en torno al 43% (frente al 44% actual) y en las pymes alrededor del 41,5%. Si se calcula sobre el costo laboral total, la incidencia conjunta caería al 34,1% en empresas grandes y al 33,4% en pymes.
- RIFL: beneficios por hasta 48 meses para nuevas altas; contribuciones patronales: 27% → 15% (según Iaraf).
- Impacto sobre salario bruto: carga total 44% → 32% para trabajadores alcanzados por el régimen.
- Impacto sobre costo laboral total: aportes y contribuciones 34,6% → 27,8% (RIFL); 34,6% → 34,1% (FAL grandes), 33,4% (FAL pymes).
- Plazo: RIFL con un año de vigencia para nuevas incorporaciones; beneficios por cuatro años desde cada alta.
| Concepto | Situación actual | Con reforma (FAL) | Con RIFL (nuevos empleos) |
|---|---|---|---|
| Carga sobre salario bruto | 44% | 43% (grandes) / 41,5% (pymes) | 32% |
| Contribuciones patronales (ejemplo) | 27% | — | 15% |
| Incidencia sobre costo laboral total | 34,6% | 34,1% (grandes) / 33,4% (pymes) | 27,8% |
Comparación internacional
El Iaraf aplicó la metodología de la OCDE para comparar a la Argentina con 39 economías, considerando el caso de un trabajador soltero sin hijos. Con la cuña fiscal actual del 34,6%, el país se posiciona en el puesto 25 (de mayor a menor presión), ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (34,9%).
Si la reforma se implementa tal como fue sancionada en el Senado, la Argentina mantendría en términos generales la misma posición entre los países comparados: con la reducción aplicada por el FAL la cuña quedaría en aproximadamente 34,1% para grandes empresas y 33,4% para pymes, y para los trabajadores cubiertos por el RIFL la tasa se ubicaría en 27,8%, lo que desplazaria al país hacia un puesto 32 en ese indicador.
En lo relativo a la carga de las contribuciones patronales sobre el costo laboral total, el país pasaría de la décima posición al puesto 11 en el agregado, y hasta el 20 cuando se considera sólo a los empleados incluidos en el régimen de incentivo.
Qué implica esto para empleadores y trabajadores. En teoría, la caída de las cargas para nuevas contrataciones mejora el incentivo a formalizar puestos y puede reducir la brecha entre empleo informal y formal. Para las pymes, el alivio puede ser especialmente relevante dado su peso en la generación de empleo.
No obstante, el alcance real depende de varios factores: cómo define la Cámara de Diputados el texto final, la vigencia práctica de los incentivos, la respuesta de las empresas ante la reducción de costos y la magnitud del costo fiscal para el Estado. Las discusiones en Diputados serán decisivas para saber si el cambio se mantiene, se ajusta o se amplía.
