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La reciente creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) por el Banco Central y la inminente discusión de una reforma laboral vuelven urgente un problema técnico que define el valor real de las sentencias laborales en un contexto de alta inflación: ¿con qué criterio se actualiza un monto que se discute durante años? La respuesta afecta directamente al bolsillo de trabajadores y empleadores y condiciona el costo del litigio.
En diálogo con la obra y las ideas del economista estadounidense James N. Morgan, pionero en el uso de paneles para seguir hogares a lo largo del tiempo, surgen argumentos prácticos para reducir la discrecionalidad judicial y anclar la actualización en criterios previsibles desde el inicio del proceso.
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En economías con inflación elevada no basta con sumar intereses: la variable elegida para actualizar el reclamo puede multiplicar la obligación. Cuando los tribunales optan, a posteriori, por la alternativa que más creció, el resultado parece moldeado por la tendencia del mercado más que por una regla neutral. Eso genera incertidumbre jurídica y costos impredecibles para empresas y para el erario.
Morgan plantea una solución sencilla en su lógica: pedir al trabajador que, al inicio del juicio, declare qué habría hecho con el dinero si lo hubiera cobrado en efectivo en ese momento. Esa declaración permite asociar la actualización a una hipótesis económica concreta y evita teorías retrospectivas sobre inversiones hipotéticas que beneficien desproporcionadamente a una de las partes.
La heterogeneidad de precios y la trampa de la elección a posteriori
La economía real no es homogénea: distintos bienes, activos y tasas se mueven con ritmos distintos. Por eso la selección ex post de la variable que más subió convierte la actualización en una suerte de apuesta sobre cuál activo o índice resultará vencedor, y no en una reparación objetiva del daño. En países donde los precios relativos se alteran con frecuencia, ese problema se acentúa.
Además, la idea de que un trabajador puede justificar la aplicación de índices extremos apelando a un plan hipotético de inversión (por ejemplo, adquirir un activo cuyo precio terminó multiplicándose) abre la puerta a argumentos imaginativos y difíciles de refutar en la práctica judicial.
Riesgo, comportamiento humano y la elección de índices
Un punto clave para entender la propuesta es la evidencia sobre la aversión al riesgo: la mayoría de las personas tiende a preferir seguridad frente a apuestas altas y volátiles. Por tanto, según la experiencia en ciencias económicas, si se obliga al demandante a declarar desde el inicio, la elección más frecuente será una referencia conservadora —como un índice de salarios o el índice de precios al consumidor— en lugar de activos de alta volatilidad.
| Índice o criterio | Ventajas | Desventajas | Quién suele beneficiarse |
|---|---|---|---|
| Índice de Precios al Consumidor (CPI) | Refleja la pérdida de poder adquisitivo de los salarios; es público y transparente | Puede no capturar cambios en precios relativos de determinados sectores | Trabajadores con consumo típico |
| Índice salarial | Se aproxima a la evolución de los ingresos laborales | Depende de convenios y puede rezagarse respecto a precios | Demandantes cuyos ingresos siguen convenios |
| Dólar u otro activo externo | Protege frente a devaluación | Introduce volatilidad cambiaria y distorsiona según la estructura productiva | Partes con exposición externa |
| Activos financieros (oro, bitcoin) | En algunos periodos superan otras variables | Altísima volatilidad; poco vinculante con el perjuicio laboral real | Demandantes que apunten a ganancias especulativas |
| Tasa de Intereses Moratorios (TIM) | Busca acotar tasas extremas y homogeneizar actualización financiera | Diseñada por el Central más para orden comercial; aplicación en laboral es discutible | Acreedores en juicios comerciales |
Qué dice la práctica y qué sugieren los expertos
Según la perspectiva que recupera la tradición de estudios de comportamiento, pedir una declaración inicial reduce la posibilidad de que el tribunal —o cualquiera de las partes— escoja después la variable más favorable. Por otra parte, la experiencia sobre la variabilidad de fallos judiciales recuerda que la discrecionalidad sin reglas claras genera diferencias notables entre sentencias similares.
Investigaciones contemporáneas sobre variabilidad judicial también han puesto en debate el papel de herramientas sistematizadas para mitigar la arbitrariedad. Autores como Daniel Kahneman y colegas han documentado cómo distintos jueces, frente a la misma información, pueden dictar decisiones dispares; esto ayuda a explicar por qué algunos proponen reglas más objetivas o complementos tecnológicos para reducir el ruido en la toma de decisiones.
Consecuencias prácticas
Para trabajadores: declarar al inicio qué uso hipotético darían a la indemnización clarifica el parámetro de actualización y reduce sorpresas. Para empleadores: exigir transparencia en la elección del índice y presentar evidencia contraria puede limitar el impacto final. Para legisladores: cualquier reforma laboral debe precisar métodos de actualización y acotar la discrecionalidad judicial sin trasladar riesgos injustificados.
- Si eres trabajador, consigna una explicación simple y verificable sobre el destino del pago hipotético.
- Si representas a una empresa, prepara contrapruebas sobre la razonabilidad del índice elegido.
- Si participas en la discusión legislativa, prioriza reglas claras que equilibren reparación y previsibilidad.
La discusión ya no es teórica: la introducción de la TIM y el debate parlamentario obligan a definir reglas que reduzcan la arbitrariedad y protejan tanto al trabajador como al empleador. Del modo en que se resuelva este dilema dependerá la certidumbre del sistema judicial laboral y el costo real de las sentencias en los próximos años.
