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El vencimiento masivo de contratos en el Conicet el 31 de julio dejó sin empleo a cerca de 400 investigadores posdoctorales y puso en evidencia una crisis que ya afecta proyectos, equipos y vínculos con comunidades locales. Débora Décima, doctora en Ciencias Sociales y una de las afectadas, advierte que la situación exige una respuesta urgente de las autoridades y tendrá efectos inmediatos en la producción científica y social del país.
Según la investigadora, el problema no se limita a un organismo: alcanza a instituciones clave como CNEA, INTI y INTA, donde el recorte presupuestario y la postergación de concursos generan incertidumbre entre personal y becarios. Décima señala que, además de la pérdida de puestos, hay proyectos que quedan a medias y equipos que se desarman tras años de trabajo conjunto.
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Contratos finalizados y daños visibles
El 31 de julio finalizó el vínculo laboral de alrededor de 400 becarios posdoctorales en todo el país; entre ellos está Décima. La consecuencia inmediata es la interrupción de líneas de investigación y la disolución de grupos que trabajaban en problemáticas locales.
La situación también se traduce en tensiones sociales: muchos proyectos tenían componentes de transferencia técnica y acompañamiento a organizaciones comunitarias. Al perder continuidad, disminuye la capacidad de respuesta a necesidades concretas en barrios populares.
- Impacto laboral: despidos y contratos no renovados.
- Proyectos interrumpidos: investigaciones y programas comunitarios en riesgo.
- Condiciones de trabajo: salarios estancados, denuncias de ingresos por debajo de la línea de pobreza y meses sin cobertura médica.
- Demoras administrativas: concursos postergados o reducidos, con plazas pendientes desde años anteriores.
- Reclamos institucionales: pedido de dimisión al presidente del Conicet y la preparación de informes para refutar declaraciones oficiales.
Respuesta oficial y reclamos de transparencia
Décima cuestiona las afirmaciones del titular del Conicet, que negó un proceso de desfinanciamiento y fugas de científicos. Desde los trabajadores se prepara una documentación con cifras y casos concretos para confrontar esa versión oficial.
Como ejemplo, la investigadora recuerda el concurso de 2023: un proceso que inicialmente implicaba la incorporación de 800 personas terminó con la selección de 400, sin explicaciones públicas sobre el ajuste. En 2024, según denuncian, no se realizó el nuevo concurso previsto, y alrededor de 1.000 profesionales siguen esperando la efectivización de cargos ganados en procesos anteriores.
Lo que está en juego en las ciencias sociales
Décima reclama atención específica para las ciencias sociales, un campo que, a su juicio, ha sido menospreciado y sometido a intentos de reducción dentro del sistema científico. Estas disciplinas, insiste, son esenciales para comprender problemáticas territoriales y diseñar políticas públicas eficaces.
Su propio trabajo combina investigación y acompañamiento técnico en proyectos de mejora del hábitat en barrios populares: desde la creación de plazas hasta el impulso de clubes deportivos. Para ella, esos espacios no son solo recreativos; su existencia puede cambiar dinámicas sociales y reducir la exposición de niños y jóvenes a situaciones de riesgo.
La pérdida de financiamiento y de personal, arguye, altera el vínculo entre los equipos científicos y las comunidades beneficiarias: “Sin recursos ni continuidad, se pierden conocimientos construidos con años de trabajo en territorio”, dice la investigadora.
Demandas y próximas medidas
Entre las exigencias actuales está la intervención de las autoridades para frenar el deterioro del sistema científico y garantizar condiciones laborales mínimas. El reclamo incluye la solicitud de renuncia del presidente del Conicet y la presentación de informes que avalen, con datos, la existencia —o no— de recortes y salidas de personal.
Décima afirma que, pese a haber quedado sin contrato, seguirá sosteniendo sus investigaciones en la medida de lo posible. Su decisión subraya un punto recurrente en los reclamos: muchos investigadores intentan mantener proyectos activos aun sin respaldo formal, por el vínculo con las comunidades y el impacto social que generan.
En las últimas semanas hubo movilizaciones en varias provincias, incluida una marcha en la Casa Histórica de Tucumán, que retomó las demandas por becas, salarios y financiamiento. El conflicto sigue abierto y, mientras tanto, el sector científico espera respuestas que determinen si las interrupciones serán temporales o marcarán un retroceso más profundo en la capacidad científica y tecnológica del país.
“Sin ciencia no hay soberanía”, resume Décima en una formulación que volvió a escucharse en las protestas: la defensa de la investigación pública, sostienen los trabajadores, no es solo una cuestión académica, sino estratégica para el desarrollo nacional.
