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La defensa del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante un juzgado federal un informe extenso para explicar las variaciones en su patrimonio y responder a las observaciones del fiscal Gerardo Pollicita. El expediente busca justificar movimientos por ventas de activos que la fiscalía investiga como posible enriquecimiento ilícito durante su gestión —entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026— y pone en el centro el uso de criptomonedas y transacciones en efectivo.
El escrito, de 78 páginas según la presentación, atribuye los incrementos patrimoniales a disposiciones previas a su paso por el Estado y a operaciones de bitcoin realizadas años antes.
Cómo explica la defensa el origen de los fondos
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Adorni asegura que su patrimonio proviene de bitcoin
Los abogados sostienen que los recursos consignados en declaraciones juradas rectificativas bajo el rubro “venta de activos” provienen de la liquidación de inversiones en activos virtuales. Señalan que esas tenencias fueron adquiridas con ahorros familiares, herencias y rentas obtenidas por la actividad profesional privada del ex funcionario y su pareja, y que gran parte de ese capital permaneció fuera del circuito bancario.
Como respaldo, la defensa aportó un acta notarial que certifica el control sobre las claves de ocho billeteras digitales vinculadas a las transacciones. Además, entregaron esas claves en un sobre cerrado y lacrado que quedó bajo custodia judicial.
Según la reconstrucción técnica incluida en la presentación, la mayoría de las transferencias registradas en la blockchain para esas direcciones ocurrieron entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, y las monedas fueron vendidas en su totalidad en ese período.
Modalidad de compra y venta
La defensa describe las operaciones como encuentros presenciales en los que se pagó en efectivo, sin recurrir a bancos ni a plataformas electrónicas. Adorni habría destinado aproximadamente US$199.883 en 2017 como inversión principal y, tras la venta, el total liquidado asociado a esos activos se situó en torno a los US$591.544.
Ese mecanismo —entregas directas de billetes a compradores o vendedores en espacios públicos— es central para la explicación que busca separar el origen de los fondos de cualquier actividad vinculada a su cargo público.
- Extensión del descargo: presentación de 78 páginas.
- Activos declarados: venta de criptomonedas con liquidación de aproximadamente US$591.544.
- Periodo de actividad en blockchain: octubre 2014 – septiembre 2018.
- Inversión principal en 2017: cerca de US$199.883.
- Prueba documental: acta notarial y claves privadas en sobre lacrado a disposición del tribunal.
- Observación fiscal previa: inconsistencias por $43.068.549 sin correlato formal.
Estado procesal y próximos pasos
Con el descargo ya presentado, corresponde ahora que el fiscal Pollicita analice la documentación para determinar si las explicaciones resultan suficientes. El Ministerio Público Fiscal evaluará la consistencia de los respaldos y decidirá si solicita la indagatoria o archiva las observaciones.
Fuentes cercanas al caso indican que Adorni conserva medidas de custodia y se traslada en un vehículo oficial mientras prepara su defensa. Los plazos procesales para la evaluación del material y la eventual citación dependerán de la valoración técnica de la prueba documental y pericial.
La causa plantea, en términos concretos, preguntas sobre trazabilidad de capitales cuando las transacciones se realizan fuera del sistema financiero y mediante instrumentos digitales con registros descentralizados. Para la Fiscalía, la existencia de un monto en pesos sin respaldo formal —los $43.068.549 detectados— es uno de los puntos clave que motiva la investigación; para la defensa, la combinación de documentación notarial y el registro en la blockchain aportan un marco verificable que explicaría la evolución patrimonial.
La resolución del expediente aportará además un antecedente sobre cómo los tribunales interpretan pruebas vinculadas a criptomonedas y operaciones en efectivo en causas por presunto enriquecimiento durante el ejercicio de funciones públicas.
