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A poco más de siete meses de las elecciones, un choque político e institucional en Graneros volvió a poner a la provincia en foco: la Legislatura opositora pidió intervención municipal tras denuncias de agresiones contra el diputado Gerardo Huesen, mientras que nueve vecinos presentaron denuncias contra el propio dirigente. El episodio abre la puerta a una intervención provincial que, de concretarse, tendría efectos administrativos y políticos inmediatos.
El conflicto se registró el sábado por la tarde en la zona conocida como “El Badén”, sobre el río Marapa, en Graneros. Según el relato de Huesen, una comitiva de La Libertad Avanza que se encontraba en el lugar fue rodeada por un grupo de personas que interrumpieron el paso de los vehículos y subieron a las cajas de las camionetas.
Huesen afirmó que el episodio incluyó insultos, amenazas y daños a uno de los vehículos, y dijo haber ido a la comisaría a radicar la denuncia. Además sostuvo que las personas implicadas están vinculadas al gobierno municipal que conduce la intendenta Raquel Graneros, acusación que desde la Intendencia rechazaron afirmando que no tenían conocimiento de la visita y que quienes aparecen señalados no reciben fondos del municipio.
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Denuncias cruzadas y audios en pugna
Por otra vía, nueve vecinos de Graneros llevaron declaraciones al expediente policial contra Huesen y otros integrantes de la comitiva, detallando insultos y amenazas que, según sus testimonios, habrían proferido los visitantes. Uno de los relatos remitidos a la Unidad Fiscal describe expresiones denigrantes hacia residentes locales y amenazas dirigidas a una mujer en presencia de su hija menor.
- Vecinos que presentaron denuncias: Natalia del Carmen Medina; Daiana Beatriz Gambarte; Abigail de los Ángeles Quiroga; Jaqueline Nahir Pérez; Gabriela del Carmen Medina; Carlos Ezequiel Ramírez; Martín Fernando Vallejo; Vanesa Estela Dorao; Luz Ayelén Vallejo; Silvia Liliana Herrera; María del Valle López.
Huesen, por su parte, negó las acusaciones en su contra y anunció que disponen de alrededor de una hora y media de videos que, según él, prueban que fueron agredidos y obstaculizados por los vecinos.
Reclamo por intervención: qué solicitan los legisladores
La reacción política fue inmediata: un bloque opositor en la Legislatura impulsó un pedido formal para que el Poder Ejecutivo provincial intervenga la Municipalidad de Graneros. El escrito, promovido por el legislador José Macome, suma firmas de representantes de distintas fuerzas y apela a normas de la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades para justificar la medida.
En concreto, el proyecto propone facultar al gobernador Osvaldo Jaldo para nombrar a un comisionado interventor con objetivos específicos: restablecer el orden institucional y ordenar la administración mediante una auditoría integral de la gestión municipal.
- Firmas que acompañan la iniciativa (selección): José Macome (Compromiso con la Libertad); José Cano (Radicalismo Federal); Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán); Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán); Manuel Courel (Cambia Tucumán); Ricardo Bussi (Fuerza Republicana); entre otros.
- Medidas previstas: designación de comisionado interventor, auditoría de la gestión, restablecimiento del funcionamiento del Concejo Deliberante.
Los promotores del pedido argumentan que la Municipalidad arrastra una “grave crisis institucional” por denuncias previas relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el manejo de fondos, además de señalar lo que califican como hostigamiento político y un quiebre de la convivencia democrática.
Trámite parlamentario y posibles escenarios
El expediente fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura. No figura aún en la agenda pública, pero la discusión en la comisión de Labor Parlamentaria marcará si el tema llega a la próxima sesión y con qué prioridad.
Si la intervención prospera, el Ejecutivo provincial podrá designar a un interventor con amplias facultades administrativas y de control, lo que podría derivar en auditorías, revisión de contrataciones y cambios en la conducción municipal; si no, el caso avanzará por la vía judicial a partir de las denuncias cruzadas.
Reacciones públicas y el reclamo de urgencia
Desde La Libertad Avanza, Lisandro Catalán pidió acciones inmediatas al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo, señalándolos como responsables de garantizar el orden institucional en la provincia. Catalán sostuvo que la intervención es el camino para “defender las instituciones” y reprochó la falta de una postura oficial frente a los hechos denunciados contra Huesen.
En contraste, la Intendencia negó nexos con el episodio que se investiga y dijo no tener constancia de la visita de la comitiva libertaria al paraje donde ocurrieron los hechos.
Qué está en juego
Más allá del episodio puntual, el intercambio de denuncias expone dos riesgos concretos: la profundización de la polarización política local en plena etapa preelectoral y la utilización de instrumentos institucionales (intervención municipal) como respuesta a conflictos que también se están judicializando.
Las próximas medidas dependerán de las pruebas que aporten las partes —los videos y las declaraciones ya radicadas— y de la decisión política en la Legislatura sobre si avanzar o no con la intervención. En paralelo, la Unidad Fiscal evaluará las denuncias penales presentadas por los vecinos y por la comitiva de La Libertad Avanza.
En los próximos días se esperan movimientos en la comisión legislativa y nuevas presentaciones judiciales que definirán si Graneros entra en un proceso de intervención o si el conflicto se resuelve por vía probatoria en los tribunales.
