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La provincia de Tucumán abrió una mesa de trabajo para adaptar localmente el nuevo régimen penal juvenil que entrará en vigencia a nivel nacional. La decisión tiene impacto inmediato: cambia el modo en que el Estado enfrenta delitos cometidos por adolescentes y obliga a coordinar Justicia, Legislatura y áreas sociales y educativas.
Una mesa tripartita para planificar la aplicación
El encuentro fue convocado por el vicegobernador Miguel Acevedo e reunió a autoridades de los tres poderes del Estado. Estuvieron presentes el titular de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y los ministros de Educación y Desarrollo Social, Susana Montaldo y Federico Masso, entre otros funcionarios y legisladores.
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La reunión buscó trazar criterios para que la norma nacional pueda aplicarse en Tucumán teniendo en cuenta la realidad local, con especial atención en medidas dirigidas a la recuperación y reinserción de los adolescentes.
Más allá de la sanción: foco en la recuperación
Los participantes coincidieron en que el debate no debe limitarse a fijar penas. Según las autoridades, es clave diseñar herramientas que eviten que un joven quede atrapado en una trayectoria delictiva tras cumplir una condena.
El ministro Público Fiscal indicó que la ley afecta a una población vulnerable y que su tratamiento exige extremo cuidado, por lo que la ejecución tendrá que involucrar a más áreas que los tribunales.
Educación y prevención como pilares
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación remarcó que la provincia ya trabaja en programas de salud socioemocional y en estrategias de convivencia escolar. Uno de los ejes es la mediación entre alumnos, una práctica que comenzó en primarias y se está extendiendo al nivel secundario.
Para el equipo educativo, estas iniciativas forman parte de una respuesta preventiva que debe complementarse con medidas de seguimiento una vez que exista una intervención penal.
Lo que plantea la Legislatura
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse explicó que la Cámara analiza tres proyectos con estado parlamentario destinados a regular la puesta en marcha del nuevo régimen en el ámbito provincial.
- Alinear la normativa local con la ley nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos.
- Crear mecanismos concretos de acompañamiento post‑sanción para facilitar la reinserción.
- Fortalecer la articulación entre jueces, ministerios y servicios sociales y educativos.
- Desarrollar capacitación especializada para operadores del sistema penal juvenil.
Vargas Aignasse señaló que la intención es que la provincia no solo aplique sanciones, sino que acompañe procesos de recuperación que reduzcan la reincidencia.
Retos y próximos pasos
La implementación exigirá recursos, capacitación y coordinación interinstitucional. Fuentes oficiales calculan que será necesario ajustar protocolos, destinar equipos de asistencia y consolidar programas de prevención escolar para abordar el fenómeno en todas sus etapas.
En los próximos días la Legislatura continuará el tratamiento de los proyectos y se prevén nuevas reuniones técnicas con jueces, fiscalías y representantes de la educación y el desarrollo social para definir plazos y mecanismos operativos.
La discusión en Tucumán marca una etapa clave: transformar una norma nacional en respuestas concretas aplicables al territorio, con el objetivo declarado de priorizar la protección de los derechos de los menores y su inserción social.
