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Enrique Romero, ex subsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán, presentó ante la intendenta Rossana Chahla un documento con reparos al plan municipal de reorganización del transporte y una propuesta alternativa que busca evitar el colapso del sistema. La discusión toma urgencia en un contexto de recortes de subsidios, alta inflación y una caída de pasajeros cercana al 45%.
Por qué el debate importa ahora
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La propuesta oficial de dividir la ciudad en siete anillos ha encendido alarmas porque, según Romero, podría encarecer viajes y fragmentar el acceso a servicios básicos. En una ciudad donde cada vez menos usuarios usan el colectivo, cualquier cambio estructural puede repercutir directamente en el bolsillo y en la movilidad de los sectores más vulnerables.
Críticas al diagnóstico municipal
Romero cuestiona el fundamento territorial del plan: considera que segmentar rutas por anillos no atiende la emergencia económica del servicio ni la caída de demanda. Sostiene que obligar a los pasajeros a combinar dos o más recorridos para un mismo trayecto aumentará el costo total del viaje y alentará el uso de plataformas privadas.
Además, advierte que la fragmentación podría dejar fuera recorridos directos hacia escuelas, hospitales y oficinas de atención pública, afectando la accesibilidad de quienes dependen del transporte colectivo.
Una alternativa: fusionar empresas y reconversión energética
Como respuesta, el ex funcionario propone una reestructuración profunda del sector: integrar las 14 prestatarias en una Mega UTE o en una sociedad anónima que centralice servicios operativos. Según su planteo, la unificación permitiría eliminar solapamientos de recorridos, ampliar la cobertura a zonas hoy desatendidas y optimizar talleres y flota para bajar costos.
La propuesta incluye también medidas económicas y ambientales que, en su visión, serían necesarias para sostener la transformación sin provocar un shock en el servicio.
- Incentivos fiscales por 10 años para la nueva estructura empresarial.
- Creación de un fondo fiduciario con diez años de financiamiento para la reconversión.
- Transición energética en dos etapas: reemplazo de gasoil por biodiesel y después avance hacia el uso de gas con participación estatal.
Control y regulación de las aplicaciones
Un punto central del escrito es la exigencia de regular con más fuerza a las plataformas de transporte, incluidas las de motos. Romero reclama normas que equiparen las exigencias de seguridad y fiscalidad de las apps con las del transporte público profesional.
Entre las exigencias planteadas figuran la obligatoriedad de que los conductores tengan más de 21 años y cuenten con Licencia de Conducir Profesional, la responsabilidad solidaria de las empresas digitales frente a los prestadores y la inscripción y tributación en los registros locales, además de seguros que protejan a los pasajeros.
| Medida propuesta | Impacto esperado |
|---|---|
| Creación de Mega UTE o S.A. con las 14 empresas | Reducción de solapamientos, optimización de flota y talleres, mayor cobertura |
| Incentivos fiscales y fondo fiduciario (10 años) | Sostén financiero para la reconversión y menor riesgo de quiebras |
| Transición a biodiesel y luego gas | Menor impacto ambiental y potencial ahorro operativo a mediano plazo |
| Regulación estricta de apps (licencias, seguros, fiscalidad) | Mayor seguridad para usuarios y nivelación de la competencia |
Consecuencias para usuarios y trabajadores
Las propuestas, tanto las del municipio como las de Romero, tienen efectos directos sobre tarifas, accesibilidad y empleo. Si el plan por anillos aumentara la necesidad de combinar viajes, muchas familias podrían afrontar un salto en el gasto diario en transporte. Por otro lado, la fusión de empresas podría implicar reordenamientos laborales que exigen negociación y transparencia para evitar pérdidas de puestos de trabajo.
Romero plantea un paquete de medidas para evitar un desfasaje que termine en cierres de empresas y pérdida de servicio; la discusión ahora pasa por la evaluación técnica y el diálogo entre las partes.
Próximos pasos
El documento fue entregado formalmente a la intendencia; resta conocer la respuesta oficial y cómo se integrarán las cámaras empresarias, sindicatos y usuarios en la definición de la hoja de ruta. En las próximas semanas se espera mayor debate público y la presentación de análisis técnicos que permitan comparar costos y beneficios de cada alternativa.
En definitiva, la discusión trasciende el diseño de recorridos: se trata de decidir quién financia el servicio, cómo se protege a los usuarios más vulnerables y qué modelo de transporte público quiere la ciudad para los próximos años.
