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El gobernador Osvaldo Jaldo reunió este miércoles a la diputada nacional Elia Fernández y al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, para sincronizar la estrategia legislativa y la asistencia territorial frente a la crisis económica. La señal es clara: las decisiones parlamentarias y las respuestas en los municipios se vienen articulando desde Casa de Gobierno, con consecuencias directas para los servicios y la ayuda social en las localidades.
Coordinación y control sobre el bloque
El encuentro forma parte de una ronda de trabajo que, según fuentes oficiales, se repetirá con frecuencia. El objetivo explícito es que las votaciones de los representantes tucumanos en el Congreso y la actividad legislativa local respondan a una misma hoja de ruta trazada por el Ejecutivo provincial.
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Fernández explicó que los proyectos que surgen en Buenos Aires se analizan «a medida que aparecen», en reuniones conjuntas con el gobernador para definir la postura del bloque. Esa metodología refuerza el papel de Jaldo como el árbitro último en las definiciones políticas del espacio oficialista.
Gestión territorial y el efecto de la crisis
En la reunión también se evaluó el impacto de la coyuntura económica en comunas y municipios. Los dirigentes compartieron diagnósticos recogidos en visitas de campo y coincidieron en que la demanda social aumenta en los sectores más vulnerables.
La apuesta del gobierno provincial es intensificar la presencia estatal en zonas alejadas de la capital para «resolver casos puntuales» desde las comunas y municipios, según indicaron los asistentes.
- Objetivo legislativo: coordinar posiciones de los diputados tucumanos en el Congreso.
- Asistencia social: priorizar la entrega de recursos y programas mediante gobiernos locales.
- Monitoreo territorial: seguimiento permanente de las necesidades en cada sección electoral.
- Agenda futura: revisión puntual de proyectos nacionales que afecten intereses provinciales.
Postura ante la Ley de Tierras
Uno de los temas en carpeta a nivel nacional es la revisión de la normativa sobre la compra de tierras por extranjeros. La diputada Fernández adelantó que cualquier iniciativa será estudiada con atención y sometida a la consulta de actores locales antes de definir un voto.
En términos personales, la legisladora adelantó su rechazo a una eventual flexibilización que facilite la adquisición de tierras por fuera de controles actuales, una señal de que el oficialismo provincial pretende fijar límites en materias consideradas sensibles para el patrimonio.
Desde la Casa de Gobierno sostienen que, más allá de la urgencia fiscal, existen asuntos sobre los cuales se debe preservar la mirada local y la protección de recursos estratégicos.
Qué queda por delante
Las próximas semanas incluirán nuevas reuniones para repasar los proyectos que lleguen al Congreso y para ajustar la logística de asistencia en los municipios. El alineamiento entre la conducción provincial y sus representantes legislativos marcará la forma en que se voten iniciativas clave y cómo se distribuya la ayuda pública en los distritos.
En ese escenario, la combinación de control político y gestión territorial será decisiva: determinará tanto la posición del bloque tucumano en el Congreso como la capacidad del Estado provincial para mitigar el impacto de la crisis en la vida diaria de los vecinos.
