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El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó hoy una norma de 2015 que limitaba la patentabilidad de desarrollos biotecnológicos, una decisión con impacto directo en la industria de semillas y en la posibilidad de atraer inversiones tecnológicas al agro. La medida, anunciada por el ministro Federico Sturzenegger, busca alinear al país con prácticas internacionales y facilitar el acceso a nuevas tecnologías para productores y empresas.
La resolución que queda sin efecto es la 283/15, y su anulación se formalizó mediante la Resolución 197/26 del INPI. El cambio elimina condiciones que, según el sector privado, impedían proteger muchos avances en materia viva y biotecnología, porque exigían requisitos de aislamiento que tornaban inviable la aplicación industrial de ciertos desarrollos.
Qué exactamente cambia
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Patentes de biotecnología agrícola: nuevo reglamento favorece a empresas y cambia acceso a semillas
En términos técnicos, la modificación reemplaza un párrafo del anexo de la resolución del INPI de 2003 y aclara qué tipos de creaciones quedan fuera de la protección por patentes. La regla confirma que no se consideran invenciones a:
- Plantas y sus partes o componentes que puedan dar lugar a un individuo completo, incluidas especies y variedades vegetales.
- Animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo, incluyendo especies y razas.
- Los procedimientos esencialmente biológicos para la reproducción o producción de plantas o animales.
Es decir: la ley de patentes argentina sigue excluyendo plantas y animales como tales, pero ahora flexibiliza criterios que antes cerraban la puerta a la protección de productos y procesos biotecnológicos comercialmente relevantes.
Por qué importa hoy
La decisión abre una ventana para que desarrollos biotecnológicos —por ejemplo, mejoras en tolerancia a plagas o eficiencia productiva— puedan acceder a mecanismos de propiedad intelectual más compatibles con el mercado global. El gobierno sostiene que esto puede favorecer inversiones y facilitar acuerdos comerciales, ya que muchos socios internacionales exigen garantías sobre la protección de la innovación.
En redes, el ministro señaló que la medida permite a la Argentina “volver al mundo en biotecnología” y evitar posiciones que, según él, habían dejado al país rezagado frente a naciones con criterios más flexibles.
Contexto del sector y antecedentes recientes
El caso de Bayer, que en 2021 redujo su negocio de semillas de soja en la Argentina, se usa a menudo como ejemplo de cómo la falta de protección puede desincentivar inversiones. La industria semillera reclama la adopción de estándares internacionales como UPOV-91 para ampliar el resguardo sobre nuevas variedades y atraer actores globales.
Paralelamente a la derogación de la 283/15, el gobierno había dejado sin efecto otras normas que complicaban la actualización de criterios de patentabilidad (resoluciones vinculadas a 2001) y anunció un nuevo marco de fiscalización, con participación del sector privado, para las variedades que se inscriban de ahora en más.
Qué pueden esperar productores y empresas
La eliminación de la restricción no implica cambios inmediatos en la ley de patentes —que continúa prohibiendo patentar plantas y animales— pero sí reduce obstáculos administrativos que dificultaban la protección de invenciones biotecnológicas.
- Posible mayor interés inversor en biotecnología agrícola.
- Más claridad en la registración de innovaciones relacionadas con procesos y productos industriales derivados de la biotecnología.
- Debate abierto sobre la necesidad (o no) de armonizar la legislación nacional con acuerdos internacionales y nueva ley de semillas.
El Ejecutivo también avanza en negociaciones con la Mesa de Enlace y la industria semillera para actualizar el marco legal —la ley vigente data de 1973—, un proceso que condicionará las reglas de juego futuras para criadores, empresas y productores.
En las próximas semanas será clave observar cómo reaccionan los actores del mercado —desde firmas internacionales hasta asociaciones de productores— y si este cambio normativo impulsa la llegada de inversiones o la reconfiguración de negocios en el sector agrícola argentino.
