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La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español abrió una ventana breve pero decisiva para cientos de miles de personas sin permiso: el tiempo corre y, según activistas, los requisitos y las trabas prácticas amenazan con dejar fuera a un volumen significativo de solicitantes. La medida, impulsada por la plataforma Regularización Ya, ya genera tensiones políticas y logísticas mientras avanza el conteo de peticiones.
Plazo corto y condiciones estrictas
El periodo habilitado para presentar solicitudes comenzó el 16 de abril y concluye el 30 de junio. Para poder optar a la regularización es imprescindible demostrar residencia en España con anterioridad al 31 de diciembre del año pasado.
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Los documentos aceptados para acreditar la permanencia son variados: desde el sello de entrada en el pasaporte (incluso si está caducado) hasta la tarjeta de embarque del viaje, apuntes de transporte público, un certificado médico o recibos bancarios. En todos los casos debe aparecer el nombre completo y la fecha del trámite.
Quienes no tramitan petición de asilo deben aportar además al menos una de estas pruebas: un contrato de trabajo previo, constancia de hijos menores o dependientes con discapacidad, o un certificado oficial que acredite una situación de vulnerabilidad.
Otro requisito ineludible es contar con un certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen.
Cifras que tensionan el proceso
| Concepto | Dato | Observación |
|---|---|---|
| Plazo para presentar solicitudes | 16 abr. – 30 jun. | Ventana administrativa única |
| Solicitudes recibidas (hasta 22 may.) | 549.596 | Supera la previsión gubernamental |
| Solicitudes admitidas | 91.505 | Resto en revisión |
| Estimación de inmigración irregular (2025) | 840.000 | Fuente: Funcas |
| Firmas reunidas por Regularización Ya | Más de 700.000 | Se necesitaban 500.000 para la iniciativa |
El Ejecutivo había calculado que la norma beneficiaría a alrededor de medio millón de personas, pero los números del registro y los estudios sobre población irregular indican que la demanda podría ser sensiblemente mayor.
Obstáculos prácticos que complican el acceso
Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya y residente en España desde hace más de dos décadas, señala que el margen temporal y las exigencias administrativas son los principales riesgos: muchas personas no disponen del padrón, no pueden obtener certificados desde sus consulados o enfrentan costes elevados para legalizar documentación —a veces superiores a 300 euros— que los hace inaccesibles.
Temporeros que trabajan en recolección o quienes viven en localidades pequeñas no siempre tienen acceso a las oficinas que expiden certificados de vulnerabilidad. Además, consulados de ciertos países están demorando o condicionando trámites imprescindibles para completar la solicitud.
- Acceso a consulados: trámites paralizados o complicados en algunos países de origen.
- Coste y tiempo: legalizaciones y compulsa notarial con tarifas y plazos que no favorecen a personas en situación precaria.
- Pruebas de residencia: trabajadores temporales o desplazados que carecen de documentación local (padrón).
Choque político y riesgo de recursos
La regularización fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid, el partido Vox y otras agrupaciones que alegan efectos negativos sobre servicios públicos, vivienda y seguridad. El alto tribunal decidió no suspender el proceso, por ahora, y la tramitación continúa.
Desde sectores contrarios argumentan que la medida presionará aún más un sistema ya tensionado; los defensores, en cambio, recuerdan que las personas sin permiso también contribuyen a la economía —por ejemplo, mediante el IVA— y que la regularización pretende incorporar esas vidas a la protección administrativa y laboral.
Consecuencias si muchas solicitudes quedan incompletas
Columba y otras organizaciones temen que las solicitudes rechazadas por falta de documentación desemboquen en órdenes de expulsión. La referencia histórica que citan es la regularización de 2005-2006: tras aquel proceso hubo un incremento de deportaciones en los años siguientes.
Para atajar el problema inmediato, colectivos y activistas han puesto en marcha apoyos prácticos: emisión de certificados de vulnerabilidad en la calle, campañas de financiación colectiva para cubrir costes de legalizaciones y presión sobre ONG y administraciones para agilizar trámites.
¿Por qué importa ahora?
El calendario legislativo europeo y la entrada en vigor de un nuevo pacto migratorio con políticas más restrictivas añaden urgencia: la medida en España se presenta como una última oportunidad para regularizar trayectorias previas a la nueva normativa comunitaria. Si la burocracia y los plazos impiden completar las solicitudes, la apertura puede transformarse en un proceso que deje fuera a muchas de las personas que pretende proteger.
El desenlace dependerá tanto de la capacidad administrativa para tramitar miles de expedientes en semanas como de la respuesta de consulados, ONG y recursos legales que lleguen en las próximas semanas. Para cientos de miles, el plazo del 30 de junio marcará si su situación cambia o si quedan expuestos a futuras medidas de control y expulsión.
